La Justicia de Estados Unidos sostiene que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Nicolás Maduro, facilitaron y protegieron durante años el envío de toneladas de cocaína en alianza con Los Zetas (hoy transformados en el Cártel del Noreste), uno de los cárteles más violentos de México, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
El documento menciona la implicación de militares, políticos y operadores logísticos del régimen venezolano, y detalla un mecanismo de corrupción, protección y violencia que convirtió a Venezuela en una de las principales plataformas del narcotráfico internacional.
La acusación formal contra Nicolás Maduro también menciona a personajes de su círculo más cercano, entre ellos: Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.
El texto judicial sostiene que, desde al menos 1999, los líderes venezolanos “colaboraron con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”. Esta relación criminal no sólo involucró a Venezuela y México, sino que operó como una estructura multinacional con conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.
Entre los fragmentos más contundentes del documento, se detalla que entre 2003 y 2011, mientras Diosdado Cabello ocupaba cargos oficiales relevantes en Venezuela, Los Zetas trabajaron con un grupo de traficantes colombianos para despachar cargamentos en barcos contenedores con cinco a seis toneladas de cocaína cada uno —y a veces hasta veinte toneladas— desde puertos venezolanos hacia México y, finalmente, a Estados Unidos.
“Las decenas de miles de kilogramos de cocaína enviados por este grupo fueron protegidos en Venezuela por funcionarios militares venezolanos conocidos como ‘los generales’”, se lee.
La acusación judicial también subraya que Los Zetas recibían estos cargamentos bajo protección oficial venezolana, altos cargos militares y políticos, y luego la organización mexicana controlaba las rutas clave en Centroamérica y los métodos para cruzar la cocaína.
La colaboración iba más allá de la simple protección militar. El régimen venezolano institucionalizó el uso de recursos estatales para el narcotráfico en beneficio de Los Zetas.
Al igual que hicieron con el Cártel de Sinaloa, funcionarios venezolanos vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se facilitaron vuelos encubiertos y se ofreció cobertura oficial para movimientos de dinero y estupefacientes entre Venezuela y México.
“Los beneficios del narcotráfico fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder, enriqueciendo a los círculos familiares de Maduro y sus principales aliados”. El pago de sobornos era una constante: cuando un cargamento era interceptado, la respuesta era la entrega de millones de dólares a cambio de silencio e impunidad.
Cabe recordar que desde febrero de 2025, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cartel del Noreste (CDN), sucesor de Los Zetas, como organización terrorista extranjera (FTO).
La infraestructura empleada para el tráfico de drogas incluyó rutas marítimas y aéreas. Los envíos de cocaína masivos partían de puertos venezolanos hacia el Caribe, Centroamérica y México, usando lanchas rápidas, buques pesqueros y portacontenedores.
Paralelamente, vuelos desde pistas clandestinas y aeropuertos comerciales controlados por funcionarios del régimen transportaban droga y dinero en efectivo a México, Honduras y Guatemala.
El expediente judicial subraya que la cooperación entre Venezuela y Los Zetas no se limitó al transporte de droga. La colaboración también incluyó la provisión de armas, protección armada, apoyo logístico y la facilitación del lavado de dinero a través de empresas estatales venezolanas.
Según las estimaciones presentadas por las autoridades estadounidenses, para el año 2020, hasta 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela, una porción significativa de las cuales era destinada a rutas controladas por Los Zetas.
“El ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en el texto de la acusación formal.
El documento judicial incluye episodios concretos de colaboración entre Los Zetas y funcionarios venezolanos, como el pago de 2,5 millones de dólares tras la incautación de un cargamento en México.
La acusación también documenta que familiares cercanos de Nicolás Maduro, como su hijo Nicolás Maduro Guerra y sus sobrinos Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, participaron de forma activa en la organización y logística de envíos de droga hacia el extranjero.
En concreto, las investigaciones y grabaciones de la DEA revelaron reuniones en las que los sobrinos de Cilia Flores y Maduro negociaban el envío de cargamentos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Caracas, un área restringida del principal aeropuerto venezolano. En esas conversaciones, los familiares explicaban que contaban con acceso directo a recursos estatales y protección oficial para facilitar el tránsito y la carga de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Estas operaciones, según la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, crearon “un sistema donde el poder político y militar venezolano se devora a sí mismo en una espiral de corrupción alimentada por el narcotráfico”.
Con información de Anayeli Tapia Sandoval de Infobae
