La crisis de desapariciones en México fue el tema central del “Informe Temático sobre Desaparición de Personas” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El estudio revela vínculos alarmantes entre la delincuencia organizada y actores políticos, lo que agrava la situación en el país.
Andrea Viviana Pochak, comisionada de la CIDH, afirmó que, pese a las leyes existentes, las acciones implementadas hasta ahora son insuficientes. En el informe se incluyen 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para abordar con seriedad la problemática y para responder a las necesidades de las víctimas y sus familias.
El informe señala que la desaparición forzada es un fenómeno masivo y generalizado, fundamentalmente perpetrado por el crimen organizado. La comisionada declaró que esta situación es resultado de políticas de seguridad ineficaces, evidenciando una falta de prevención y posibles complicidades.
La impunidad se identifica como el principal incentivo para la continuidad de estas desapariciones. La estrategia del informe busca visibilizar la problemática y mejorar la aplicación de acciones de búsqueda y acceso a la justicia.
María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, comentó que el aumento de desaparecidos en los últimos años está ligado a la omisión y complicidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Además, subrayó que es poco probable que las autoridades ignoren las operaciones de redes criminales.
Bibiana Efigenia Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, criticó la falta de atención del gobierno actual hacia el clamor de justicia de las familias buscadoras. Lamentó la reducción del presupuesto para fiscalías y comisiones de búsqueda, lo que denota una falta de compromiso hacia la localización de desaparecidos.
Silvia Ortiz, del Grupo Vida, expresó su frustración por la atención gubernamental hacia eventos internacionales en lugar de a las necesidades de las familias de desaparecidos, instando a que se reconozca la magnitud de la crisis.
El informe de la CIDH también advierte sobre el aumento de desapariciones relacionadas con el reclutamiento forzado y la trata de personas, afectando particularmente a niños y adolescentes. Según datos citados, existen 18 mil 192 casos de menores desaparecidos en el país.
Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, criticó la respuesta del Estado, señalando que las políticas actuales favorecen la vulnerabilidad de los menores al reclutamiento. Insistió en la necesidad de acciones concretas y urgentes para abordar esta grave situación en el país.
