La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha responsabilizado al gobierno federal por la creciente incertidumbre económica en México, tras la reciente decisión de Estados Unidos de someter el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a revisiones anuales. Esta medida, según Campos, ha generado una pérdida de confianza en el entorno de inversiones en el país, exacerbada por la protección ofrecida a figuras políticas como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte del partido Morena.
En un comunicado a través de redes sociales, la mandataria panista subrayó que las advertencias realizadas previamente sobre la protección a funcionarios acusados por la justicia estadounidense están comenzando a materializarse en forma de consecuencias económicas reales. La incertidumbre generada por la revisión anual del T-MEC afecta directamente a los inversionistas, lo que crea condiciones adversas para el flujo de capital hacia México.
Campos ejemplificó la situación con el anuncio de la automotriz Toyota, que ha decidido trasladar parte de su producción de Tijuana a Texas. Este movimiento, según la gobernadora, podría ser indicativo de una tendencia de desinversión gradual en el país. Este fenómeno amenaza no solo los empleos, sino también el futuro económico de estados como Chihuahua, donde la manufactura y la exportación son pilares fundamentales.
La mandataria advirtió que minimizar las implicaciones de estas decisiones sería un error estratégico. Según sus palabras, «la pérdida de confianza es gradual: primero una línea de producción, luego una planta, luego un país». Acusó al gobierno federal de priorizar la protección política sobre la aplicación de la ley, un enfoque que podría desincentivar a los inversionistas en un clima donde las normas pueden cambiar de un año a otro.
En este marco, Campos cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República respecto a Rocha Moya, argumentando que su falta de avances en las investigaciones refuerza la percepción de encubrimiento y manoseo del Estado de Derecho en México. Alertó que este tipo de decisiones han establecido un «pacto» entre Morena y el crimen organizado, un vínculo que, según ella, debe ser cuestionado y desmantelado para restaurar la confianza en la política y economía del país.










