La Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigidas a prevenir adicciones digitales y proteger a los menores de la sobreexposición en internet y el ciberacoso. La iniciativa fue impulsada por el diputado Alan Márquez, quien subrayó la necesidad de abordar el impacto del entorno digital en la salud mental y el desarrollo de la infancia y adolescencia.

La primera reforma incluye la adición del artículo 101 Bis 4, que obliga al Estado a diseñar e implementar estrategias nacionales para prevenir las adicciones digitales. Este plan contempla la educación sobre el uso saludable de dispositivos y la formulación de protocolos de detección temprana y atención en salud mental.

La segunda reforma se enfoca en el fenómeno del «sharenting», que se refiere a la divulgación frecuente de imágenes y datos de menores por parte de sus padres. Para ello, se propone modificar el artículo 13, reconociendo el derecho a la protección de la identidad digital de los niños y ampliando la responsabilidad de los tutores en educar sobre los riesgos de la sobreexposición digital.

La especialista en prevención del ciberbullying de la Fundación en Movimiento A.C., Nimsi Cisneros, indicó que la falta de supervisión en el uso de redes sociales puede resultar en ciberacoso y adicción. De acuerdo con datos del Inegi, un porcentaje significativo de jóvenes en Guanajuato ha sido víctima de acoso en línea.

Cisneros subrayó la falta de alfabetización digital en padres, lo que dificulta un acompañamiento adecuado a los menores. Destacó que el objetivo no es restringir el acceso a tecnología, sino enseñar a los jóvenes a navegar de manera segura y responsable.

En otro asunto, la legisladora Hades Aguilar presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Responsabilidades Administrativas de Guanajuato. Esta reforma busca sancionar la violencia política contra mujeres utilizando inteligencia artificial. Aguilar destacó el aumento de la violencia digital, que se ha intensificado con el uso de tecnologías que facilitan la creación de contenido falso y potencialmente dañino.

La propuesta modifica los artículos pertinentes a la violencia política para incluir acciones realizadas por medios digitales, buscando mayor claridad y certeza en su atención, investigación y sanción. Las reformas buscan robustecer las medidas de protección ante el creciente fenómeno de la violencia política en el estado.

Cuatro hombres condenados a seis años de prisión en León por extorsión. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Luis Antonio, Jorge Iván, Osvaldo y Luis Enrique amenazaron a los propietarios de un negocio en el fraccionamiento San Cayetano, exigiendo una suma significativa de dinero y afirmando que pertenecían a un grupo delincuencial.

Los extorsionadores amenazaron con asesinar a las víctimas y dañar a sus familias si no cumplían con sus demandas. Proporcionaron un número telefónico para mantener contacto y aseguraron que regresarían por el dinero. Días después, efectivamente se presentaron en el establecimiento en una camioneta, llevando consigo el efectivo y otros artículos de las víctimas.

Al recibir la denuncia, los propietarios informaron al servicio de emergencias 911, proporcionando detalles sobre el vehículo utilizado por los delincuentes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León realizaron un operativo que culminó con la detención de los acusados en el bulevar Juan Alonso de Torres.

El Ministerio Público presentó pruebas suficientes que llevaron a una sentencia condenatoria para los cuatro hombres, quienes deberán cumplir con la pena impuesta. Adicionalmente, un individuo identificado como John Eduardo “N” fue sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión en Irapuato, por extorsionar a un comerciante en la colonia Cerrito, exigiendo una cantidad específica de dinero bajo amenazas directas y el uso de videos intimidatorios.

Investigaciones de la Fiscalía permitieron ubicar y detener a John Eduardo tras la denuncia del afectado, quien dejó un sobre con el dinero acordado. También se inició un proceso penal contra José de Jesús “N” por extorsión agravada en Irapuato, tras obligar a un establecimiento a pagar por “piso” en múltiples visitas.

La Fiscalía reitera su compromiso de combatir delitos como la extorsión e invita a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad delictiva.

El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, anunció que se procederá a investigar a cualquier funcionario público relacionado con el crimen organizado, sin importar su nivel. En declaraciones realizadas tras un evento en León, destacó el compromiso institucional en el caso de contar con indicios suficientes para formular imputaciones.

Vázquez Alatriste se pronunció sobre la reciente detención de políticos en Morelos, realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), y mencionó que la calidad de las investigaciones determinará la posibilidad de imputaciones. Reiteró que se han llevado a cabo operativos en municipios como Tarimoro, Pénjamo, Salvatierra y Romita, donde se han detenido elementos de las corporaciones policiales.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato indicó que las investigaciones en dichas localidades siguen abiertas y no se descarta la posibilidad de más implicaciones. «La investigación no concluye con una sola intervención», afirmó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, subrayó la política de cero tolerancia impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que incluye la revisión de actividades de servidores públicos de todos los niveles, desde alcaldes hasta funcionarios estatales y federales.

Jiménez Lona también reveló que la FGR tenía investigaciones en curso desde junio de 2025 en relación a alcaldes, aunque no se habían formalizado carpetas judiciales. Esto es parte de un proceso que debe manejarse con cuidado para garantizar resultados efectivos, evitando escándalos mediáticos sin consecuencias reales.

En el ámbito legislativo, el diputado Jorge Espadas Galván presentó una lona denunciando presuntos antecedentes penales del cuñado del diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado. En respuesta, Ramos retó a ser investigado, enfatizando su disposición a esclarecer cualquier insinuación.

Las acciones conjuntas entre las dependencias estatales y federales, así como el seguimiento continuo de los casos, marcan el horizonte de la lucha institucional contra el crimen organizado en Guanajuato.

En Purísima del Rincón, regidores del Ayuntamiento denunciaron presuntas irregularidades administrativas, nepotismo y omisiones en el manejo de recursos públicos tras la sesión de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. Los ediles Mónica López Hernández y Héctor Pérez Guzmán indicaron que el contralor municipal, Arturo Sandoval Viurquez, presentó información sobre investigaciones en curso que involucran a funcionarios públicos, además de observaciones administrativas y conflictos de interés.

Durante la sesión, se abordaron eventos que los regidores consideraron preocupantes, en particular en Tesorería y Recursos Humanos. López Hernández señaló que se identificaron anomalías en el manejo financiero del Rastro Municipal, donde varios tablajeros no habrían cumplido con sus pagos. Según la edil, la Contraloría confirmó la existencia de una suma significativa de dinero que no fue recuperada.

Además, se reportó que el director de Desarrollo Rural no respondió a requerimientos de la Contraloría, lo que obstaculiza el avance de las investigaciones relacionadas con el rastro. López Hernández también cuestionó la transparencia en la gestión de los ingresos de los baños del mercado público, donde, según su afirmación, el tesorero municipal no ha implementado controles adecuados.

El contralor sorprendió a los miembros de la comisión al revelar posibles conflictos de interés, vinculando a familiares de funcionarios con observaciones específicas en varias áreas de la administración. López Hernández agregó que el contralor expresó su frustración por la falta de atención a sus recomendaciones.

Además, se informó que las investigaciones contra el tesorero municipal ya han sido enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa, con la expectativa de que se convoque a una sesión extraordinaria privada para discutir la posible remoción del funcionario. Pérez Guzmán respaldó las declaraciones del contralor, describiendo la situación como resultado de actos y omisiones previas que habían sido desmentidos.

López Hernández también comentó que el contralor siente presión debido a las investigaciones internas que se están realizando. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Purísima del Rincón no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos de los regidores.

La Contraloría de Purísima enfrenta un rezago creciente, con alrededor de 30 investigaciones pendientes que abordan diversos problemas, incluyendo el uso indebido de recursos públicos y nepotismo. La falta de personal especializado ha llevado a un aumento en los tiempos de resolución, lo que podría resultar en retrasos significativos en el cierre de los casos.

Guanajuato.- Un asalto en Guanajuato capital resultó en el despojo de 40 mil pesos a una persona que fue seguida por delincuentes en motocicleta tras salir de un banco. En respuesta a este hecho, la diputada Sandra Pedroza Orozco, del partido Movimiento Ciudadano, propuso la implementación de descuentos en el impuesto predial para aquellos ciudadanos que conecten sus sistemas de videovigilancia al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) y al C5i.

La propuesta busca transformar el modelo de seguridad actual de reactivo a preventivo, fomentando la colaboración ciudadana en la vigilancia. Pedroza Orozco solicitó al Ayuntamiento de Guanajuato que analice la viabilidad de este incentivo fiscal como parte del programa estatal SÚMATE, promovido por la Secretaría de Seguridad y Paz.

Se destacó que, aunque la tecnología y los programas adecuados están disponibles, es necesario sensibilizar a la población sobre su uso y motivar su implementación para reducir los espacios vulnerables en diversas colonias de la ciudad. La diputada puntualizó que la intención no es sustituir la función del Estado en materia de seguridad, sino reconocer y estimular el esfuerzo de las familias que invierten en sus propias medidas de vigilancia.

Pedroza Orozco enfatizó que los ciudadanos están demandando un cambio en las acciones gubernamentales, pues el actual enfoque es reactivo y se activa solo tras incidentes mediáticos. Durante su intervención, mencionó el caso de la reciente víctima del asalto, quien fue una muestra clara de los problemas de seguridad en la capital, lamentando que los agresores se perdieron en zonas sin cobertura de cámaras.

La falta de vigilancia permanente fue objeto de crítica, así como la adopción de medidas improvisadas por parte de la autoridad municipal tras este incidente. La diputada argumentó que las estrategias de seguridad deberían ser continuas y no esporádicas, sugiriendo que la inversión privada en sistemas de vigilancia refleja una deficiencia en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad pública.

Finalmente, la iniciativa será enviada a comisiones para evaluación, donde podrá ser modificada o desechada. En caso de avanzar, se elaborará un dictamen que será discutido y votado en el Pleno.