La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma electoral que permitirá a los partidos políticos decidir si someten a sus candidatos a indagatorias por parte de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta propuesta busca prevenir que personas vinculadas a la delincuencia organizada participen en los próximos procesos electorales.
Durante una conferencia matutina, se comunicó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que será parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y estará compuesto por cinco consejeros elegidos por el Consejo General por un periodo de tres años. La comisión funcionará como un canal entre los partidos que decidan participar y las autoridades de seguridad y justicia.
El proceso implica una consulta a expedientes de los candidatos ante diversas dependencias federales, con el objetivo de identificar posibles vínculos con actividades delictivas. Los aspirantes deberán dar su consentimiento por escrito para ser evaluados, garantizando el carácter confidencial del proceso y la protección del debido proceso.
Para iniciar la verificación, los partidos proporcionarán la lista de sus candidatos a la comisión, que realizará consultas formales ante la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR. Las dependencias emitirán un diagnóstico que trabaje en la identificación de riesgos asociados a los aspirantes, quien estará obligada a informar a los partidos sobre los resultados. Finalmente, serán los institutos políticos quienes decidirán sobre el registro de las candidaturas, con la posibilidad de que, si se detectan elementos delictivos, se continúen las investigaciones pertinentes.
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