En Salamanca, se han registrado al menos cinco ataques armados en campos deportivos amateurs desde 2018, dejando un saldo de 20 personas asesinadas y 19 heridas. En Irapuato, los conflictos en canchas de futbol han resultado en al menos 28 fallecimientos desde 2020. La violencia se ha intensificado, evidenciando una creciente inseguridad en las actividades deportivas de la región.

En Celaya, cuatro futbolistas amateurs fueron víctimas de actos violentos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Estas agresiones han generado un clima de temor en los jugadores, quienes continúan participando en competencias a pesar de los riesgos. Ejemplos recientes incluyen la masacre en Loma de Flores, donde 11 personas murieron en un ataque armado tras un partido, lo que se considera la peor masacre en campos de futbol en el país.

Los hechos violentos son atribuidos a disputas entre grupos criminales en la zona. Especialistas han indicado que el crimen organizado ha encontrado un interés particular en las ligas de futbol amateur, donde la existencia de apuestas clandestinas ha elevado el riesgo para los participantes. Las autoridades han intensificado la vigilancia en espacios deportivos, con presencia de la Guardia Nacional y policías municipales durante eventos.

La situación ha llevado a múltiples ligas, como la Liga Salmantina de Futbol, a suspender actividades temporalmente. Después de la masacre, se acordaron nuevas medidas de seguridad para garantizar la integridad de los jugadores y asistentes. Las organizaciones de futbol se han manifestado preocupadas por la falta de seguridad, a pesar de mantener sus operaciones. En este contexto, los jóvenes han solicitado mayor presencia de autoridades en los campos deportivos para asegurar un entorno seguro para la práctica del deporte.

El fenómeno del crimen organizado que abarca el futbol amateur es parte de un problema más amplio que incluye extorsión y violencia. Diversos estudios revelan que el poder del narcotráfico ha permeado en actividades recreativas, convirtiendo el deporte en un escenario para la disputa de terrenos entre grupos delictivos. Los líderes locales han manifestado la necesidad de abordar esto desde un enfoque integral para desarticular las organizaciones que amenazan la seguridad en la región.

León.- El Gobierno del Estado aseguró que no discriminó a los municipios gobernados por Morena al asignar fondos de los 4 mil millones de pesos provenientes de deuda pública. Esta declaración fue emitida por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, en respuesta a afirmaciones de la senadora Malú Mícher, quien, durante su segundo informe de actividades, cuestionó la equidad en la distribución de recursos hacia estos municipios.

Jiménez Lona destacó que la consideración de los recursos está basada en la población y el rezago, así como en la presentación de proyectos con sus respectivas liberaciones de derechos de vía. Agregó que existe una plataforma pública, «Manos a la Obra», donde se puede consultar la asignación de recursos, garantizando así transparencia en el proceso.

El secretario también subrayó que la atención a los 46 presidentes municipales se mantiene y se espera que continúen trabajando en sus proyectos. En relación con Celaya, mencionó que algunos proyectos, como el acceso poniente a la ciudad, no se incluyen en la asignación de fondos debido a la falta de liberación de derechos de vía.

Jiménez Lona se refirió a la reciente asignación de 100 millones de pesos por parte de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para infraestructura educativa, la cual complementa otros apoyos a los municipios. La gobernadora ha instado a los municipios a seguir perfeccionando sus propuestas para el presupuesto de 2027.

La senadora Malú Mícher, en respuesta, reiteró la necesidad de que los municipios gobernados por Morena no sean penalizados en la asignación de recursos. Cuestionó la priorización de un proyecto estatal relacionado con una empresa automotriz en Celaya, al considerar que no debía contabilizarse como parte del presupuesto de infraestructura municipal.

Finalmente, el secretario de Gobierno también se refirió a la problemática del huachicol. Indicó que, tras asegurar una toma clandestina de combustible, Pemex tarda entre 60 y 80 días en realizar la limpieza, lo que contrasta con la necesidad de una respuesta más ágil. Sin embargo, el estado continúa colaborando en las acciones de combate a este delito, buscando integrar a Pemex Logística en la estrategia de seguridad.

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en la comunidad de Los Ocotes, en el municipio de Silao, Guanajuato. El incidente ocurrió la noche del lunes, alrededor de las ocho, frente a su domicilio ubicado cerca de la calle San Felipe. Las autoridades informaron que en el lugar se localizaron más de diez casquillos percutidos.

La víctima, conocida por los apodos de “El Chucky” y “El Moreno”, fue atacada mientras caminaba hacia su casa. Según los reportes, fue seguido por dos hombres en motocicleta. Al notar su presencia, el joven intentó huir, pero uno de los agresores descendió de la moto y le disparó.

Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga. Familiares y vecinos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Al llegar, elementos de la Policía Municipal encontraron al joven herido, por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja de Silao confirmaron que, al intentar brindarle los primeros auxilios, este ya había fallecido. La zona fue asegurada por las autoridades y quedó bajo resguardo mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaban las investigaciones pertinentes sobre el homicidio.