El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como presunto líder de una red de huachicol fiscal, ha sido entregado a autoridades mexicanas y está siendo trasladado vía aérea a México para enfrentar la justicia. Este exintegrante de la Secretaría de Marina enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, relacionadas con operaciones en aduanas marítimas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha indicado que su retorno es parte de una operación coordinada con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según la autoridad ministerial, Farías Laguna ya se encuentra bajo custodia y es trasladado a bordo de una aeronave de la Armada de México.
Su llegada al país permitirá su presentación ante las autoridades judiciales para dar continuidad al proceso judicial que enfrenta. La Fiscalía ha señalado que Farías Laguna está vinculado a una estructura criminal que se dedica al contrabando y distribución de combustible. Hasta el momento, 15 personas más han sido detenidas como parte de la investigación.
Este contralmirante fue dado de baja de la Secretaría de Marina y es conocido por ser sobrino político del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su traslado a México se realizó tras la decisión de la Cancillería mexicana de desistirse del proceso de extradición en curso, lo que facilitó su retorno y su disposición ante la justicia.
La Secretaría de Marina ha confirmado su participación en la operación y ha reiterado su compromiso con la legalidad, la transparencia y los derechos humanos. Además, ha aclarado que las personas sujetas a investigación no representan a la institución en su totalidad, enfatizando que las conductas atribuidas a los investigados son de carácter individual.
Una vez que concluya su traslado, Farías Laguna será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con su procedimiento judicial. La investigación de la FGR sobre la red de huachicol fiscal sigue en curso, y las autoridades determinarán su situación jurídica a medida que avance el proceso.










