El fiscal general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, ha declarado que la denuncia por acecho presentada por Allan León Aguirre contra un reportero de AM será objeto de una investigación con perspectiva de derechos humanos y respeto a la libertad de expresión. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación, señalando que este tipo de denuncias pueden ser utilizadas para inhibir la labor periodística.

Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, denunció a un reportero de AM, alegando acecho tras una investigación que vincula a su persona y a su esposa, María Fernanda García Hernández, con empresas que podrían estar involucradas en actividades fraudulentas. En una reunión reciente con periodistas y activistas de derechos humanos, Vázquez Alatriste reafirmó el compromiso de la Fiscalía para garantizar condiciones seguras para el trabajo de los comunicadores, y aseguró que se preservarán los derechos del reportero.

La directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Cirenia Celestino Ortega, argumentó que la actuación del exfuncionario afecta la libertad de expresión y resaltó que tales casos no son aislados, sino que ocurren con frecuencia entre funcionarios públicos que deben rendir cuentas. Cirenia enfatizó que los funcionarios tienen la responsabilidad de ser transparentes y permitir la rendición de cuentas de su labor.

Allan León Aguirre, a través de un video en redes sociales, denunció acoso sistemático y persecución política producto de la investigación de AM acerca de contratos otorgados a empresas con irregularidades. Aseguró que ha presentado denuncias ante la Fiscalía contra quienes resulten responsables, señalando directamente al reportero. La defensa del reportero sostiene que su trabajo supo ampararse en la libertad de expresión, y como resultado, se ha iniciado una carpeta de investigación al respecto.

Un informe publicado por AM el 6 de abril reveló irregularidades en contratos de la empresa Office and Publicity MDF, que recibió una cantidad significativa en contratos del Municipio de León. El exfuncionario, en respuesta a estas revelaciones, presentó su renuncia para facilitar las revisiones pertinentes.

Recientemente se ha discutido también la necesidad de un rediseño del Atlas de Riesgos 2025-2026. A pesar de que este mecanismo ha sido presentado como una herramienta para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en Guanajuato, varios especialistas han señalado deficiencias que podrían limitar su eficacia. Entre las críticas se encuentran inconsistencias en los datos presentados en el Atlas y la falta de perspectiva de género en su diseño.

Los comunicadores han expresado que hay una notoria desatención hacia los municipios más pequeños en la implementación de medidas de protección, lo que agudiza la vulnerabilidad de los periodistas en esas áreas. Propuestas para mejorar el Atlas incluyen la inclusión de registros verificables y un enfoque más integral que reconozca las distintas formas y contextos en que se ejerce la violencia estructural y la autocensura.

El llamado a la acción se centra en la importancia de crear un sistema más efectivo y accesible para respaldar a los periodistas y defensores de derechos humanos en Guanajuato, en el cual se priorice la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades.