Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, reportó un sueldo neto de cero pesos en su reciente declaración patrimonial para el año 2024. Esta información surge en el contexto de su detención el pasado 7 de septiembre durante la Operación Enjambre, donde se le investiga por su posible implicación en delitos como el robo al transporte de carga, la extorsión y el secuestro.

La declaración patrimonial, correspondiente al cierre de su primer periodo de gestión, no contiene datos sobre ingresos, bienes patrimoniales ni activos financieros, limitándose a incluir su dirección de correo electrónico y el cargo desempeñado. El contralor municipal, Jordan Modesto González Ortega, registró la recepción del documento el 23 de enero de 2025, mientras que la plataforma de transparencia nacional aún no muestra la declaración correspondiente al inicio de su nuevo periodo.

Asimismo, un análisis realizado por El Universal contrastó el reporte de cero ingresos con datos de una declaración de modificación de 2024, donde se menciona un sueldo neto anual de 120 mil pesos. Sin embargo, los registros oficiales indican que Rodríguez Ochoa percibió 36 mil 152 pesos mensuales tanto en 2024 como en 2025. Estas discrepancias también se reflejan en su declaración patrimonial de 2022, donde reportó 250 mil pesos anuales, en contraposición a los 23 mil 598 pesos consignados en la plataforma de transparencia.

La detención de Rodríguez Ochoa interrumpió su administración, en una operación que incluyó la captura de su hermano, Manuel Rodríguez, y la exdirectora de la Policía Municipal, Abigaíl Contreras. Las autoridades federales y estatales llevaron a cabo 23 cateos simultáneos en Esperanza, arrestando a nueve personas presuntamente involucradas en delitos de alto impacto.

Durante estas diligencias, las fuerzas de seguridad aseguraron un arsenal que incluye 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barret M82, 52 cargadores, 11 vehículos (cuatro de ellos con blindaje de fábrica y uno con blindaje artesanal), indumentaria táctica, un dron y un dispositivo inhibidor de señal.

A partir del 15 de septiembre de 2026, los ciudadanos mexicanos que viajen a Tailandia deberán obtener una visa electrónica (e-Visa) antes de ingresar al país, como lo ha indicado la Embajada de México en Tailandia. Este nuevo requisito implica que los viajeros ya no podrán acceder al país solo con su pasaporte, bajo el esquema de exención vigente hasta ahora, que permitía estancias cortas sin visa.

El trámite de la e-Visa se realiza en línea a través del portal oficial de Tailandia y puede tomar entre cinco y diez días hábiles, por lo que se recomienda llevar a cabo este proceso con anticipación. Quienes ingresen a Tailandia antes de la fecha indicada no se verán afectados por este nuevo requisito.

Adicionalmente, este cambio también impacta a ciudadanos de Guatemala y Cuba, según la Embajada Real de Tailandia en México. Es importante señalar que la visa electrónica no debe confundirse con la Thailand Digital Arrival Card (TDAC), la cual es un registro migratorio digital obligatorio que no sustituye a una visa.

Los viajeros mexicanos deben estar al tanto de que otros destinos también requieren autorizaciones electrónicas. En el Reino Unido, por ejemplo, se implementará un sistema de Electronic Travel Authorisation (ETA) que entrará en vigor en febrero de 2026. En Canadá, desde febrero de 2024, no todos los mexicanos podrán acceder a la autorización electrónica eTA, siendo necesario obtener una visa en ciertos casos.

La recomendación principal para los viajeros es mantenerse informados sobre los requisitos de entrada pertinentes a su destino y consultar las páginas oficiales del país que planean visitar, dado que las condiciones migratorias pueden variar. La e-Visa para Tailandia entra en vigor el 15 de septiembre de 2026, y es fundamental que quienes viajen después de esa fecha lo consideren en sus preparativos.

Durante 2025, 23 millones de adultos en México fueron víctimas de algún delito, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representa una tasa de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que indica una reducción frente a los más de 24 mil reportados en 2024.

El desglose de datos revela que los estados con las mayores tasas de delitos fueron la Ciudad de México, con 34 mil 930 víctimas por cada 100 mil habitantes; el Estado de México, con 31 mil 889; y Puebla, con 26 mil 164. Por otro lado, Chiapas registró la tasa más baja, con 13 mil 462; seguido de Veracruz, con 14 mil 171; y Zacatecas, con 15 mil 733. A nivel nacional, se estima que al menos un miembro de cada familia fue víctima de algún delito.

Los delitos más comunes incluyen fraude, extorsión, robos o asaltos en la calle o en el transporte, amenazas, robos de vehículos y lesiones. En el ámbito de delitos sexuales, los datos indican que las mujeres fueron las más afectadas, con una tasa de 3 mil 365 por cada 100 mil, una disminución respecto a los 4 mil 160 del año anterior. En contraste, la tasa para hombres fue de 341 por cada 100 mil, evidenciando que se registraron 10 delitos sexuales contra mujeres por cada uno cometido contra hombres.

La encuesta del Inegi también estima que el costo total asociado a la inseguridad fue de 267.3 mil millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 6 mil 130 pesos por persona afectada, representando aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Los ciudadanos reportan sentir mayor inseguridad en lugares como cajeros automáticos, carreteras, transporte público, calles y otros espacios públicos.

Además, el 62% de la población identificó el consumo de alcohol en la vía pública como una de las principales situaciones delictivas en sus comunidades, mientras que el 58.4% mencionó la falta de iluminación. Las medidas preventivas adoptadas por los hogares representan un gasto acumulado de 91.6 mil millones de pesos.

La Presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las amenazas dirigidas hacia el periodista Enrique Acevedo por parte del senador de Morena, Luis Fernando Salazar, durante una conferencia matutina. Sheinbaum calificó las expresiones del legislador como inaceptables y recordó que tales agresiones por parte de servidores públicos en plataformas digitales no deben ser pasadas por alto.

La mandataria reafirmó su apoyo a Acevedo y solicitó un estándar de respeto hacia el ejercicio periodístico, subrayando que, aunque pueda haber discrepancias en el ámbito de la información, no se debe recurrir a un lenguaje intimidatorio. Este incidente se produjo tras la eliminación por parte del senador de sus publicaciones y su ofrecimiento de disculpas.

Sheinbaum instó a todos los servidores públicos a abstenerse de usar amenazas, resaltando que la libertad de expresión no justifica el amedrentamiento. Este episodio se considera un llamado al aparato gubernamental sobre la importancia del respeto a los comunicadores.