Guanajuato, Gto. — La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cerca de siete hectáreas en la Sierra de Santa Rosa, donde el exdiputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba impulsa de manera ilegal el desarrollo inmobiliario conocido como La Cucursola. Organizaciones ambientalistas, como Acción Colectiva Socioambiental, han urgido a las autoridades para que se clausure definitivamente este proyecto y se sancione a quienes resulten responsables por el daño ambiental.
El aseguramiento por parte de la FGR se realizó el 30 de julio, como resultado de una denuncia penal interpuesta por dicha agrupación, la cual señala irregularidades en permisos otorgados por el exalcalde panista de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña. Se acusa además a funcionarios municipales de haber facilitado el avance de este proyecto mediante la entrega de autorizaciones sin la debida legalidad.
Para Gustavo Lozano Guerrero, representante de la organización ambientalista, el caso de La Cucursola representa una muestra clara de manipulación institucional, donde leyes y procedimientos han sido utilizados para proteger intereses privados en detrimento del medio ambiente y la exigencia ciudadana de justicia.
El desarrollo inmobiliario comprende 49 lotes campestres que comenzaron a construirse desde 2019, amparados por una red de protección institucional que incluye permisos irregulares de urbanización, uso de suelo, impacto ambiental y venta, otorgados durante las administraciones de Alejandro Navarro.
Pese a estas autorizaciones municipales y estatales, ninguna contó con las aprobaciones federales indispensables, como la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, documentos que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable exigen para este tipo de proyectos.
La Secretaría del Agua y Medio Ambiente reconoció el 12 de agosto que sin estos permisos federales, los otorgados a nivel local carecen de validez legal, lo que agrava la situación del fraccionamiento.
Ante estos hechos, las organizaciones sociales demandan la clausura definitiva del desarrollo, sanciones para los funcionarios implicados y la restauración ecológica del área afectada, subrayando la necesidad de que los delitos ambientales no queden impunes.
La FGR mantiene abierta la investigación, la cual podría derivar en cargos contra Ascencio Barba y otros involucrados, con posibles penas de hasta nueve años de prisión por delitos ambientales, tráfico de influencias y desobediencia a la autoridad.
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