Por: Mario Villegas
En política, el gasto revela prioridades. Y en el caso del diputado plurinominal de Morena en Guanajuato, David Martínez Mendizábal, los números dibujan una constante difícil de ignorar: cerca de $800 mil pesos destinados a honorarios en cuatro periodos auditados.
No es un rubro menor. Es, de hecho, el más recurrente dentro de su gasto operativo. Y también el más opaco.
Los informes revisados muestran montos, pero no explicaciones. No hay claridad pública sobre quiénes reciben esos recursos, bajo qué criterios se asignan o qué funciones concretas desempeñan. El principal gasto del legislador es, al mismo tiempo, el menos transparente.
A esto se suma un elemento inquietante: las auditorías no revisan la totalidad del gasto. Se basan en muestras. Y en sus propias conclusiones advierten que podrían existir inconsistencias no detectadas. Es decir, lo que se ve no necesariamente es todo lo que hay.
En paralelo, la actividad legislativa del diputado ofrece otra dimensión del análisis.
David Mendizábal ha participado en decenas de iniciativas. El número cercano a 79 iniciativas podría sugerir dinamismo. Pero en el Congreso, la productividad no se mide en documentos presentados, sino en leyes aprobadas. Y ahí su rastro se diluye.
No se le asocia con reformas estructurales propias ni con cambios legislativos que hayan redefinido la agenda estatal. Su papel ha sido mediatico, usando “voltaren” como herramienta publicitaria, pero no es un diputado determinante. Presente, pero no decisivo.
Resulta paradójico que, pese a su perfil académico y su constante apelación a los derechos humanos, David Martínez Mendizábal acumule observaciones técnicas incluso en sus propias iniciativas. Mediante el oficio D-PRODHEG/189/2022, fechado el 22 de agosto de 2022, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato emitió un análisis legislativo sobre su propuesta —presentada junto con la diputada Martha Edith Moreno— para reformar diversas leyes en materia de violencia contra las mujeres por interpósita persona . En dicho documento se advierten deficiencias relevantes: el uso de conceptos ambiguos como “personas allegadas”, la falta de una definición clara y consensuada de violencia vicaria a nivel nacional, así como omisiones frente a otros marcos legales que incluyen más supuestos y sujetos afectados. Incluso se señala que la redacción propuesta podría generar exclusiones y problemas de interpretación jurídica. Es decir, una iniciativa con una causa legítima, pero con debilidades técnicas de origen. No es un caso aislado: la acción de inconstitucionalidad promovida desde el Congreso hace meses tampoco prosperó, reforzando un patrón en su desempeño. Mendizábal parece dominar el discurso, pero no la técnica legislativa, y ahí es donde su formación académica no se traduce en experiencia efectiva para construir leyes sólidas.
Tal vez el problema de fondo no está en la intención, sino en la distancia. A David Martínez Mendizábal le hace falta salir más del escritorio, recorrer Guanajuato, escuchar fuera de la tribuna y volver, aunque sea por momentos, a su natal Valle de Santiago. Porque la diputación no se ejerce solo desde la academia ni desde el discurso técnico, sino desde el contacto con la realidad. Y ahí, en el campo, en la calle y en la vida cotidiana, es donde se construyen las leyes que realmente funcionan.
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