Militares y funcionarios de [Ciudad/Estado] acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa

Las autoridades de Estados Unidos han presentado una acusación formal contra varios funcionarios del gobierno de Sinaloa por colaboración con el Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Entre los implicados se encuentran un gobernador, un alcalde, un fiscal, dos mandos militares en retiro y varios ex funcionarios, quienes supuestamente recibieron sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales de la organización criminal.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha señalado al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por utilizar sus cargos para beneficiar al cártel. Los acusados enfrentan múltiples cargos, que incluyen conspiración para importar estupefacientes y posesión de armas de fuego. Las penas podrían variar desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

El ex comandante de la policía de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, está acusado de recibir sobornos mensuales y de participar en crímenes más graves, como secuestro con resultado de muerte. Otros acusados, como el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez y el militar jubilado José Antonio Dionisio Hipólito, también son señalados por recibir sobornos y facilitar las actividades del cártel.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, se enfrenta a acusaciones de haber puesto a las instituciones municipales al servicio del cártel, recibiendo sobornos para permitir su operación sin interferencias. Varias figuras de la policía estatal y fiscalía también están implicadas, así como ex comisarios, quienes presuntamente facilitaron la operación del cártel a cambio de sobornos regulares.

La acusación incluye pruebas de que algunos funcionarios proporcionaron información sobre operativos estatales y federales al cártel, lo que les permitió evadir detenciones y destruir pruebas. Estas revelaciones ponen de manifiesto un preocupante nivel de corrupción en múltiples niveles de gobierno en la región.