La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado ha presentado una iniciativa para revertir el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial. Esta acción se da en un contexto donde dicha práctica fue aprobada por Morena y el propio PT en 2022, y más recientemente validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según la propuesta, el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda infringe derechos fundamentales como el derecho de audiencia y la propiedad, en términos del artículo 14 de la Constitución. Además, se argumenta que este proceder contradice el artículo 16, que protege a los ciudadanos de ser molestados sin un mandamiento de autoridad competente.
La iniciativa sostiene que la UIF puede congelar cuentas únicamente basándose en sospechas, obligando a los afectados a demostrar la legalidad de sus operaciones para recuperar el acceso a sus fondos. Este proceso se describió como una interrupción grave de la vida económica y patrimonial de los ciudadanos, afectando su capacidad para cumplir con obligaciones básicas.
Se propone modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, de manera que se requiera autorización judicial para incluir a una persona en la lista de bloqueados. Esto solo ocurriría si existen indicios suficientes de su relación con delitos como financiamiento al terrorismo.
La propuesta fue promovida por toda la bancada del PT, incluyendo a sus senadores más destacados. En 2022, el PT había respaldado la reforma que permite a la Secretaría de Hacienda bloquear cuentas con indicios de delitos financieros. Esta norma había sido ratificada por la Suprema Corte el 6 de abril, quien argumentó que garantiza el derecho de defensa mediante un procedimiento claro y definido.