La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido no proceder con la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios supuestamente vinculados al crimen organizado. Esta resolución surge tras una solicitud de Estados Unidos, que fue rechazada por falta de pruebas suficientes.
En conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la petición hecha desde el Distrito Sur de Nueva York consistía en una detención provisional con fines de extradición, relacionada con una investigación en curso en ese país.
El funcionario aclaró que, aunque la solicitud fue recibida, no se trataba de una extradición formal y que solo podría cumplirse si se presentaran evidencias contundentes. Jiménez Vázquez enfatizó que la medida solicitada por Estados Unidos restringe los derechos humanos y debe basarse en pruebas sólidas, conforme al marco legal mexicano.
El responsable de la Fiscalía agregó que, en un análisis inicial, no se encontraron pruebas anexas que justificaran la comisión de un delito que requiriera la implementación de la medida cautelar. También mencionó que Estados Unidos no logró demostrar la urgencia de autorizar la detención provisional de Rocha Moya y otros funcionarios, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Además, la FGR alertó que la difusión del caso podría poner en riesgo la investigación en curso contra el gobernador. La información relacionada con este asunto continúa en desarrollo.