El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazarez, junto a ocho funcionarios y exfuncionarios estatales, han sido acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las acusaciones incluyen presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y delitos de tráfico de drogas.
Según el comunicado oficial, los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa. Se les responsabiliza de colaborar con el Cártel para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos. El caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
El Cártel de Sinaloa fue designado grupo terrorista por las autoridades estadounidenses el año pasado. La acusación formal incluye a otros nueve implicados, como el exsecretario de Administración y Finanzas, el exjefe de la Policía de Investigación y un alcalde, todos señalados por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
La acusación también revela que Rubén Rocha y los demás funcionarios habrían participado en una conspiración con el Cártel para importar fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Se les atribuye la protección de líderes del cártel y la entrega de información confidencial para facilitar sus actividades delictivas.
Rocha Moya enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas de fuego y explosivos. En caso de ser procesado, podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión.
El Departamento de Justicia menciona que Rocha fue elegido con la supuesta ayuda de «Los Chapitos», mediante actos de secuestro e intimidación. Tras convertirse en gobernador, se le acusa de haber permitido que el cártel operara con impunidad a cambio de sobornos.
Entre los otros implicados se encuentran Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Este último habría beneficiado al cártel al proteger sus operaciones mientras recibía sobornos.
Las autoridades han iniciado un escrutinio sobre los vínculos de estos funcionarios con el narcotráfico, lo que ha generado un impacto significativo en la política y la seguridad del estado.