Organizaciones en [Ciudad/Estado] exigen debate responsable sobre la eutanasia y la Ley Trasciende

La organización civil Red Familia solicitó un debate informado y responsable sobre la legalización de la eutanasia en México, ante el avance de la llamada «Ley Trasciende» en el Senado. Esta iniciativa, impulsada por la activista Samara Martínez, nació en un contexto donde se señala la necesidad de tomar decisiones éticas relacionadas con el derecho a una muerte digna.

En un posicionamiento público, Red Familia enfatizó que la discusión no debe limitarse a emociones, ni a una aparente dicotomía entre compasión y sufrimiento. La organización sostiene que es posible garantizar el alivio del dolor sin comprometer el valor de la vida humana, especialmente en situaciones de enfermedad y vulnerabilidad.

La agrupación subrayó la urgencia de mejorar el acceso a cuidados paliativos en el país, donde apenas el 5% de los pacientes terminales recibe este tipo de atención. Insistió en que antes de considerar la eutanasia, el Estado debe asegurar que ninguna persona solicite morir debido a abandono o falta de atención adecuada.

El posicionamiento coincide con las críticas de la Arquidiócesis de México, que advierte sobre la redefinición del concepto de «muerte digna» y defiende que toda vida tiene dignidad por sí misma, independientemente del sufrimiento. En México, 20 de las 32 entidades federativas cuentan con leyes de voluntad anticipada que permiten a los pacientes rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas.

En un contexto regional, Uruguay ha avanzado en la legalización de la eutanasia con la firma de un decreto reglamentario para su «Ley de Muerte Digna», aprobada en octubre de 2025. Esta legislación establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública, para evaluar los procedimientos relacionados con el ejercicio del derecho a la eutanasia.