El gobierno de la Ciudad de México ha denunciado que Estados Unidos ha violado la confidencialidad del proceso legal en curso contra Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios relacionados. Esta afirmación surge tras la divulgación de la acusación por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la solicitud de extradición.
Luisa María Alcalde, nueva consejera jurídica de la Presidencia, enfatizó que la preservación del debido proceso y la presunción de inocencia son fundamentales para evitar una «exposición mediática prematura». Afirmó que esta situación ha resultado en un “linchamiento mediático”, ya que los medios han emitido juicios sobre las diez personas mencionadas.
La consejera citó el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el principio de confidencialidad en estos casos. Alcalde indicó que la solicitud de detención provisional debía haberse gestionado de manera confidencial para proteger el debido proceso.
En respuesta a esta violación, la Fiscalía General de la República (FGR) ha enviado una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitando a Estados Unidos asegurar esta confidencialidad. Según Alcalde, hasta el momento no se han recibido pruebas que demuestren un riesgo de sustracción u obstaculización del proceso.