La reciente propuesta para modificar el calendario escolar en México ha generado un fuerte debate. La Secretaría de Educación Pública planteó cambios que aumentarían considerablemente el periodo vacacional para estudiantes de educación básica.
Esta medida despertó preocupación en muchas familias. Extender un mes más las vacaciones representaría un desafío logístico y una carga económica para padres que trabajan.
El titular de la SEP afirmó que el último mes del ciclo escolar es “tiempo muerto”, lo que suscitó críticas. Si ese mes no aporta valor académico, el problema puede ser más profundo y centrarse en el sistema educativo en su totalidad.
México enfrenta una crisis educativa, agravada por la pandemia. Muchos estudiantes no tuvieron acceso a internet o dispositivos, lo que resultó en significativos rezagos en aprendizaje.
Es inquietante que se propongan cambios que parecen más políticos que educativos. Si se cuestiona la utilidad del último mes escolar, es esencial revisar cómo se evalúa el aprendizaje y la efectividad de la planeación académica en las escuelas.
El desafío no solo radica en el calendario escolar; la calidad educativa y la infraestructura son igualmente críticas. Muchas escuelas carecen de condiciones básicas, como aire acondicionado y acceso a agua potable.
Esta situación deja una lección política: las decisiones públicas deben considerar su impacto social. Cambiar el calendario escolar sin consenso podría crear más problemas.
La educación en México requiere más que ajustes; necesita planificación, inversión e infraestructura adecuados. Solo así se podrá recuperar el tiempo perdido y mejorar la calidad del aprendizaje.