México no dispone de un sistema oficial para registrar crímenes de odio dirigidos a personas de la diversidad sexual y de género. Esta situación fue destacada por organizaciones civiles en el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia, que documentaron al menos 24 asesinatos en los primeros meses de 2026, de los cuales 17 correspondieron a mujeres transgénero.
Activistas señalaron que la falta de registros diferenciados complica la comprensión de la violencia contra la comunidad LGTBI+ en el país, lo que se traduce en subregistro, impunidad y deficiencias en las investigaciones. Samuel Jair Martínez, del Observatorio de Crímenes de Odio de la organización Letra Ese, destacó que aunque en 2025 se reportó un aparente descenso en homicidios de personas LGTBI+, las estadísticas deben ser analizadas con cautela.
Hasta ahora, se han registrado 24 asesinatos presuntamente motivados por prejuicios en 2026, con un enfoque alarmante en la violencia contra mujeres trans. Además, Martínez advirtió sobre al menos 20 agresiones contra defensoras de derechos humanos LGBT+ en los últimos tres años.
Las mujeres trans representan una proporción significativa de las víctimas, al concentrar 35 de los 60 homicidios documentados en 2025. La carencia de un sistema oficial de registros que contemple la orientación sexual e identidad de género ha sido denunciada por organizaciones civiles, que mencionan que sus informes no sustituyen la responsabilidad estatal.
Amy Salazar, de la organización Balance, indicó que la violencia LGBTfóbica no se limita a los homicidios y a menudo queda fuera de las estadísticas. Resaltó que muchas formas de discriminación, como la lesbofobia, continúan ignorándose en el ámbito público. Esto tiene repercusiones graves en la salud mental de las víctimas, según un diagnóstico de la UNAM que revela altos índices de ideación suicida entre hombres trans y personas no binarias.
Además, se observan prácticas institucionales que invisibilizan a las víctimas trans, como clasificar transfeminicidios como homicidios y el uso incorrecto de nombres y pronombres en documentación oficial. Activistas señalaron que recientes cambios en las metodologías de registro de delitos dificultan la comparación de cifras y el seguimiento de las tendencias de violencia.
La falta de políticas públicas y esfuerzos estructurados para combatir el prejuicio y prevenir la violencia fue otro tema abordado por los activistas, quienes enfatizaron que la visibilización de casos recientes es impulsada por colectivos frente a la impunidad y la escasa atención institucional a la violencia LGBTfóbica.