La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México ha confirmado el arresto de 22 personas tras el secuestro y desaparición de cuatro miembros de una familia del Estado de México en el balneario de Mazatlán, Sinaloa. Este suceso, que tuvo lugar a principios de febrero, ha movilizado múltiples agencias de seguridad en la región.
De los detenidos, nueve fueron identificados como participantes directos en los hechos. La SSPC indicó que se han llevado a cabo diversas operaciones para localizar a las víctimas, quienes fueron vistas por última vez en Mazatlán hace más de tres meses.
El operativo más reciente se efectuó el 12 de mayo, cuando fue capturado Jesús Valentín ‘N’, quien habría proporcionado información clave sobre las víctimas a una célula delictiva. Durante su arresto, las autoridades encontraron droga, un arma de fuego, dinero en efectivo y equipos de comunicación.
Hasta la fecha, se han realizado siete inspecciones en inmuebles vinculados a este grupo delictivo. Este despliegue ha resultado en el decomiso de 20 armas de fuego, incluyendo un fusil Barrett, y más de 3,000 dosis de narcóticos, así como varios vehículos y equipo táctico.
Las investigaciones cuentan con la colaboración de agentes de Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional. A su vez, colectivas de búsqueda han demandado un mayor acompañamiento internacional en medio de la creciente crisis de desapariciones en el país.
Más de 80 de estas organizaciones enviaron una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitando que la situación en México sea discutida urgentemente en la Asamblea General. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre una crisis de desapariciones en México, con más de 70,000 cuerpos sin identificar y más de 128,000 personas desaparecidas hasta julio de 2023.
Este contexto coincide con el escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que evalúa la necesidad de llevar el caso mexicano ante la Asamblea, sugiriendo que las desapariciones podrían considerarse «crímenes de lesa humanidad».