La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México está llevando a cabo una investigación sobre doce personas y dos entidades legales señaladas por Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. Esta acción busca identificar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, en medio de un contexto de colaboración internacional en materia de seguridad.
El organismo mexicano ha confirmado que refuerza las acciones contra estos individuos, quienes han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por su implicación en el tráfico de fentanilo y en actividades criminales vinculadas a esta organización. La UIF enfatiza la importancia de la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para prevenir el uso indebido del sistema financiero y combatir el lavado de dinero.
Las acusaciones incluyen tráfico de drogas y lavado de dinero mediante criptomonedas. Entre los investigados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de la red; Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero; y Rodrigo Alarcón Palomares, quien enfrenta cargos formales por lavado de dinero en Estados Unidos. Además, Alfredo Orozco Romero y dos empresas están bajo investigación por su posible función como fachadas para reintroducir fondos ilícitos en el sistema financiero.
El Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista por la administración anterior en EE.UU., ha estado bajo escrutinio tras la reciente solicitud del Departamento de Justicia estadounidense de detener a diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolos de colaborar con el cártel. Esta situación resalta la creciente atención internacional hacia la lucha contra el narcotráfico y sus implicaciones políticas en México.