La muerte de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la Sierra Tarahumara ha generado una crisis nacional, con diputados de Morena solicitando juicio político en torno a presuntas operaciones ilegales. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció sobre el asunto, rechazando cualquier acuerdo secreto y afirmando que la narcopolítica está arraigada en Sinaloa, no en Chihuahua.
La gobernadora afirmó que ha actuado dentro del marco legal y se mostró incierta sobre la presencia de los agentes en el estado, así como su posible participación en operaciones contra narcolaboratorios. Indicó que la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), esclarecerá los hechos.
Respecto a un posible permiso para la colaboración de agencias estadounidenses en operativos, Campos subrayó que la Fiscalía debe informar más al respecto, pero también enfatizó la importancia de la cooperación en temas de seguridad debido a la extensa frontera del estado. Reiteró que no existe ningún acuerdo formal de colaboración con la CIA y que cualquier participación de agentes extranjeros en operativos en territorio chihuahuense está descartada.
La gobernadora calificó las acusaciones de juicio político como una amenaza, argumentando que estas afectan la presunción de inocencia y el debido proceso. Afirmó que no considera ofrecer disculpas porque asegura estar trabajando de acuerdo con la ley para mantener la paz en Chihuahua.
María Eugenia Campos, abogada y miembro del Partido Acción Nacional, ocupa el cargo de gobernadora desde el 8 de septiembre de 2021 y enfrenta acusaciones por parte de legisladores de Morena.