En León, la ciudad de Acámbaro ha expresado su firme oposición al proyecto del acueducto Solís-León, argumentando que este megaproyecto, que implica una inversión de 15 mil millones de pesos, incrementará la deuda del estado sin atender adecuadamente la crisis hídrica que enfrenta León. Este pronunciamiento se realizó durante el conversatorio «Pan y Agua: Diálogos entre León-Acámbaro», donde colectivos y organizaciones debatieron sobre las implicaciones del acueducto.
Los representantes de Acámbaro manifestaron que las reuniones divulgadas por el Gobierno estatal sobre la propuesta han sido superficiales, careciendo de un diálogo inclusivo con la comunidad afectada. También hicieron hincapié en que este proyecto no aborda de forma efectiva la problemática del agua en León.
El evento reunió a figuras como el profesor Juan Manuel Ayala López, de la Observatorio Acambarense de Derechos Humanos Raúl Vera, y Rodrigo Hernández Medina, de la Red de Asociaciones en Defensa de la Presa Solís. En sus intervenciones, se subrayó la necesidad de considerar el impacto social y ambiental del acueducto, y la preocupación por el futuro agrícola de la región sureste del estado, que incluye los municipios de Acámbaro, Taranda, Coroneo y Jerécuaro.
Los participantes del conversatorio expresaron su rechazo a la narrativa oficial sobre el acueducto, con el argumento de que este podría perjudicar gravemente el derecho al agua y la economía agrícola de la zona. La crítica se centró en la falta de un plan integral que contemple las verdaderas necesidades de la población.
A su vez, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato, liderada por José Lara Lona, está llevando a cabo ajustes técnicos en el proyecto debido a interferencias con infraestructura existente. Sin embargo, estas modificaciones han generado retrasos en el avance del acueducto, que aún no cuenta con una fecha clara de inicio.
Mientras tanto, el descontento continúa creciendo entre los productores agrícolas y ejidatarios de Acámbaro, quienes han solicitado una revisión más exhaustiva de la propuesta, argumentando que el abastecimiento de agua debe priorizar las necesidades del campo, en lugar de los intereses urbanos.
La importante manifestación del 12 de abril reunió a más de 500 ciudadanos, quienes reiteraron su rechazo al acueducto, exigiendo que se respeten sus derechos y necesidades hídricas. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha señalado su disposición para dialogar con los grupos opositores, reiterando que el proyecto no comprometerá el líquido destinado a la producción agrícola. Sin embargo, la controversia persiste en la región ante la falta de confianza y comunicación con las autoridades encargadas del proyecto.