León, Guanajuato. – Un grupo de más de 20 personas afectadas por la agencia de viajes Amazona Travel, ubicada en el bulevar Vasco de Quiroga, ha comenzado a organizarse para presentar denuncias penales. Se estima que el monto total de las quejas supera los 2 millones de pesos, una cifra que ha aumentado a medida que más afectados se han sumado a la causa.
Bertha Jazmín Sarahí Ávalos Muñoz, una de las afectadas, indicó que pagó 364 mil pesos por un viaje a Cancún para 55 personas, programado para el 11 de enero. Este viaje fue cancelado y no ha recibido reembolso de Marleth Arenas, propietaria de la agencia. Otro caso destacado es el de Dora Ruth Moreno, una adulta mayor que, tras comprar un viaje a Japón por más de 420 mil pesos, también se quedó sin su dinero debido a la cancelación del viaje.
Marleth Arenas sostiene que un mayorista es el responsable de la situación, argumentando que él retiene el dinero. Sin embargo, no ha revelado la identidad del mayorista ni ha acudido a las citas programadas con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para resolver las quejas.
Los reclamos de los clientes se concentran en viajes cancelados, afectando destinos como Cancún, Punta Mita, Puerto Escondido y Japón. Jazmín Ávalos expresó su preocupación por lo que considera un número insuficiente de denuncias reconocidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual solo ha registrado ocho denuncias a pesar del conocimiento de más de 20 casos.
La situación tomó un giro significativo cuando un grupo de afectados se presentó en las oficinas de Amazona Travel para exigir su dinero. Durante el evento, algunos grabaron en vivo sus interacciones con la propietaria, quien se mostró tranquila mientras los manifestantes la confrontaban. Tras la llegada de la Policía Municipal, se sugirió que las partes llegaran a un acuerdo para evitar conflictos mayores.
Sin embargo, los afectados temen repercusiones debido a la denuncia de Marleth Arenas, quien afirmó haber sido privada de su libertad por el grupo. Este temor se intensifica debido a la fuga de otros propietarios de agencias de viajes con antecedentes de irregularidades.
Los perjudicados han solicitado a la FGE que registre adecuadamente los datos de los denunciantes, al descubrir discrepancias que podrían afectar el curso de sus procesos judiciales. La situación sigue generando incertidumbre en la comunidad leonesa, mientras los afectados buscan respuestas y soluciones a sus reclamaciones.