En comisiones unidas de Hacienda y Gobernación en Guanajuato, se discutió una propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para reformar la Ley de Bebidas Alcohólicas. La iniciativa busca exigir que los establecimientos que venden alcohol cuenten con un sistema de videovigilancia permanente en sus interiores y exteriores, además de prohibir la alteración o negación de acceso al material videograbado por parte de las autoridades.
Durante la sesión, se manifestaron preocupaciones sobre cómo esta medida podría afectar la privacidad de los clientes y el personal, al facilitar la captura de datos audiovisuales sin el consentimiento de las personas involucradas y sin una regulación clara sobre su resguardo y manejo. Los legisladores señalaron que este tipo de vigilancia continua podría violar principios fundamentales de protección de la información privada.
Se resaltó también que la supervisión de estos registros cae dentro de las facultades de los ayuntamientos, y no corresponde a un decreto estatal llevar a cabo dicha obligación. La propuesta del PRI se justificó en el contexto de la seguridad pública, en una región donde se han reportado amenazas de extorsión a negocios, como lo sucedido recientemente en Salamanca.
La administración de Salamanca ha implementado un operativo de seguridad especial en bares y centros nocturnos, en respuesta a situaciones de riesgo que han llevado al cierre temporal de algunos establecimientos. El secretario del Ayuntamiento, Esaú Cano Calvete, informó que las autoridades mantienen coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para asegurar el bienestar de las empresas y sus clientes.
A pesar de la argumentación de seguridad presentada por el PRI, la propuesta se enfrenta a una creciente oposición, insistiendo en la necesidad de considerar la privacidad y el bienestar de los ciudadanos.