En un acto formal, los exdiputados Sergio Contreras Guerrero y Gerardo Fernández González han presentado una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en contra de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos. La acusación se centra en un spot publicitario proyectado en cines de la ciudad que, según los denunciantes, utiliza recursos públicos de manera indebida al promover su imagen y logros de la administración municipal.
Sergio Contreras Guerrero argumenta que esta acción vulnera la Ley Electoral al presentar una promoción personalizada de la alcaldesa, destacando que ha sido testigo del anuncio en dos ocasiones en centros comerciales. En el spot se mencionan logros del gobierno municipal, pero se observa el uso prominente de la imagen de Gutiérrez Campos, lo cual –según los denunciantes– debería limitarse a los informes de gobierno.
Gerardo Fernández González recalca que la inclusión de la imagen de la funcionaria municipal en el promocional es innecesaria y sugiere una conexión entre su figura y los logros mencionados, lo que podría ser interpretado como una estrategia para influir en la percepción pública en un contexto electoral. Además, afirma que este tipo de propagandas ha sido cuestionado anteriormente al observar similitudes con otras estrategias de comunicación utilizadas por la alcaldesa.
Por su parte, Yulma Rocha Aguilar, delegada del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Guanajuato, defendió a la alcaldesa, argumentando que la denuncia no implica necesariamente que exista una infracción y que las acciones de promoción en cuestión están dentro del marco legal. La alcaldía no ha emitido respuesta alguna ante las diversas solicitudes de comentarios sobre este asunto.
Adicionalmente, otros miembros de la oposición en el Cabildo de León han acusado a Gutiérrez Campos de opacidad y de desviar recursos públicos para pautas publicitarias. Estas acusaciones han generado un debate interno en las comisiones edilicias respecto a la transparencia y el uso de recursos en la promoción previa a los tiempos de campaña electoral. Se han solicitado auditorías para investigar los contratos asignados y los montos invertidos en publicidad.
La administración municipal defiende que la difusión de materiales informativos en cines es parte de los programas ordinarios de rendición de cuentas y se justifica legalmente según las normativas estatales. Sin embargo, las críticas persisten sobre la transparencia y la posible utilización de recursos públicos con fines electorales.
