El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha establecido el 30 de junio de 2026 como la fecha límite para que los usuarios de telefonía móvil en México asocien su número de celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente. Esta medida tiene implicaciones significativas para el acceso a servicios esenciales.
La falta de cumplimiento con esta regulación puede resultar en la suspensión del servicio. Actualmente, el teléfono móvil se utiliza para la verificación de identidad y acceso a trámites fiscales, de salud y sociales. La suspensión del servicio dificultará la recepción de mensajes de texto necesarios para la realización de operaciones como la obtención de actas de nacimiento y la inscripción en programas sociales.
A nivel federal, instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dependen de la validación a través de dispositivos móviles para el funcionamiento de sus plataformas digitales. La ausencia de códigos de verificación puede impedir trámites esenciales, como la presentación de declaraciones fiscales y la generación de citas médicas.
En el ámbito financiero, las entidades bancarias en México requieren la vinculación de un número celular para autorizar operaciones como transferencias y consultas de cuentas. La pérdida de acceso a esta funcionalidad limitará a los usuarios a gestiones presenciales en sucursales, afectando su capacidad de operar en el sector financiero.
Las principales consecuencias de no registrar la línea incluyen la suspensión de servicios el 1 de julio, momento en el que el número dejará de funcionar, y la eventual cancelación del mismo tras un periodo de gracia, resultando en la pérdida de saldo. Para evitar estas sanciones, los usuarios deben visitar los portales oficiales de sus proveedores o acudir a centros de atención a clientes antes de que finalice el mes.