El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se enfrenta a la apertura de un juicio oral tras ser acusado de presentar información falsa relacionada con la financiación de su partido entre 2018 y 2020. Esta situación se desarrolla en un contexto electoral donde compite en la segunda vuelta de las elecciones con Keiko Fujimori, representando un punto crítico en las relaciones políticas en Perú.
Sánchez ha manifestado, a través de plataformas digitales, su desconfianza hacia la judicialización de su candidatura, sugiriendo que dicho proceso busca obstaculizar su crecimiento electoral. En virtud de un fallo emitido por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, el juez Adolfo Farfán consideró que se había completado la fase intermedia del caso, aunque la resolución aún puede ser apelada.
La Fiscalía solicita una condena que podría llevar a Sánchez a cumplir cinco años y cuatro meses de prisión, acusándolo de delitos relacionados con la falseamiento de información electoral. En su defensa, el candidato alega que su actuación ha sido legal y correcta, destacando que ha cumplido con los informes correspondientes ante las autoridades electorales.
Aparentemente, la acusación también implica a otras personas, entre las que se encuentra su hermano, acusados de desviar aproximadamente 280.000 soles derivados de fondos electorales del partido Juntos por el Perú. Esta situación generará un impacto significativo en la dinámica electoral, considerando que Sánchez representa a un sector de la izquierda vinculada a la figura del expresidente Pedro Castillo.
Con las elecciones presidenciales en curso, la comunidad internacional estará atenta al desarrollo de estos acontecimientos, que podrían afectar no solo el marco político en Perú, sino también la estabilidad de su gobernabilidad en el periodo 2026-2031.