El 4 de junio, Perú celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, y la candidata de derecha, Keiko Fujimori, buscan atraer al electorado en un contexto de fuerte polarización política. Ambos líderes han instado a la población a participar en el proceso electoral, consciente de que la decisión será ajustada.
Sánchez ha solicitado un «voto de conciencia», proponiendo una visión inclusiva y justa para el futuro del país, mientras que Fujimori, quien se ha comprometido a un único mandato de cinco años si es elegida, expresó su esperanza de que este evento marque un cierre a su trayectoria electoral tras haber perdido en tres ocasiones anteriores.
Ambos candidatos llegan a este día en un empate técnico, tras una primera vuelta marcada por serias irregularidades en la apertura de centros de votación en Lima, lo que fomentó acusaciones de fraude, aunque estas carecieron de evidencias concretas. A diferencia de la primera fase electoral, la disponibilidad de material electoral fue adecuada, aunque algunos centros experimentaron demoras por la falta de miembros de mesa.
El proceso electoral se desarrolla en un ambiente de vigilancia. Fujimori, que ha reclutado 95,000 delegados para supervisar el conteo de votos, ha manifestado preocupaciones sobre la transparencia del proceso, mientras que Sánchez ha acudido a votar en compañía de su familia, destacando su cercanía con el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado.
Con más de 27,3 millones de ciudadanos habilitados para votar, este evento es crítico no solo para la estructura política de Perú, sino también para la estabilidad regional, en un entorno donde la comunidad internacional sigue de cerca los avances democráticos en América Latina. La elección de uno de estos candidatos definirá el liderazgo del país durante los próximos cinco años, continuando una tendencia de inestabilidad en la gobernanza peruana en la última década.