En Salamanca, se han registrado al menos cinco ataques armados en campos deportivos amateurs desde 2018, dejando un saldo de 20 personas asesinadas y 19 heridas. En Irapuato, los conflictos en canchas de futbol han resultado en al menos 28 fallecimientos desde 2020. La violencia se ha intensificado, evidenciando una creciente inseguridad en las actividades deportivas de la región.
En Celaya, cuatro futbolistas amateurs fueron víctimas de actos violentos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Estas agresiones han generado un clima de temor en los jugadores, quienes continúan participando en competencias a pesar de los riesgos. Ejemplos recientes incluyen la masacre en Loma de Flores, donde 11 personas murieron en un ataque armado tras un partido, lo que se considera la peor masacre en campos de futbol en el país.
Los hechos violentos son atribuidos a disputas entre grupos criminales en la zona. Especialistas han indicado que el crimen organizado ha encontrado un interés particular en las ligas de futbol amateur, donde la existencia de apuestas clandestinas ha elevado el riesgo para los participantes. Las autoridades han intensificado la vigilancia en espacios deportivos, con presencia de la Guardia Nacional y policías municipales durante eventos.
La situación ha llevado a múltiples ligas, como la Liga Salmantina de Futbol, a suspender actividades temporalmente. Después de la masacre, se acordaron nuevas medidas de seguridad para garantizar la integridad de los jugadores y asistentes. Las organizaciones de futbol se han manifestado preocupadas por la falta de seguridad, a pesar de mantener sus operaciones. En este contexto, los jóvenes han solicitado mayor presencia de autoridades en los campos deportivos para asegurar un entorno seguro para la práctica del deporte.
El fenómeno del crimen organizado que abarca el futbol amateur es parte de un problema más amplio que incluye extorsión y violencia. Diversos estudios revelan que el poder del narcotráfico ha permeado en actividades recreativas, convirtiendo el deporte en un escenario para la disputa de terrenos entre grupos delictivos. Los líderes locales han manifestado la necesidad de abordar esto desde un enfoque integral para desarticular las organizaciones que amenazan la seguridad en la región.