A solo dos días de la inauguración del Mundial, el gobierno de la Ciudad de México enfrenta un desafío significativo: las protestas que mantienen bloqueos en el Zócalo, las cuales aún no han sido desactivadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que no se recurrirá a la represión; sin embargo, ha intensificado su discurso, acusando a los organizadores de las manifestaciones de intentar crear una falsa percepción de descontento social.
En su reciente conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que la violencia en las protestas no tiene justificación, dado que ha habido diálogo con relevantes grupos como la CNTE y las madres buscadoras. A pesar de la presión social, la presidenta reitera que no se contempla la derogación de la reforma del ISSSTE de 2007, aunque sí se han logrado acuerdos en materia de pensiones y se están evaluando alternativas.
Sheinbaum también criticó la narrativa generada por ciertos sectores que intentan asociar al país con un estado de crisis. Afirmó que el enfoque en problemáticas sociales es una representación distorsionada, añadiendo que los conflictos deben ser resueltos con diálogo y no con acciones violentas.
En el contexto de las protestas, la presidenta ha decidido no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, aunque tendrá una cena con Gianni Infantino en el Castillo de Chapultepec. Además, justificó la colocación de vallas metálicas en el centro histórico no como un intento de ocultar las manifestaciones, sino como una medida de seguridad ante el posible estallido de la violencia.
A este panorama se suma el reciente decreto que promueve el teletrabajo y la organización laboral flexible en la Ciudad de México. Esta medida está dirigida principalmente al sector público y educativo, buscando asegurar la continuidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. Aunque no es obligatorio para el sector privado, Sheinbaum ha instado a los empleadores a adoptar estas prácticas.
El objetivo del decreto es contribuir a la movilidad urbana y garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público, en un contexto donde la seguridad y el bienestar de la población son prioritarios. La administración asegura que estas medidas son esenciales para enfrentar los retos actuales y mantener una gobernanza efectiva.