La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó un dictamen que exhorta a la gobernadora Libia García a dar respuesta a los escritos de derecho de petición sobre pensiones no contributivas, presentados por Aurora Arenas Duarte, Javier Padilla Negrete y Juan González Romo. La decisión fue respaldada por dos votos de Morena y uno del PAN, del diputado Jesús Hernández.
El dictamen también solicita la implementación inmediata de acciones administrativas y programáticas para garantizar el acceso a pensiones no contributivas para personas con discapacidad permanente. Se requiere que las dependencias competentes realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, asegurando recursos suficientes para la operación de estas pensiones, especialmente para menores de 65 años, en cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 938/2025-I.
El diputado Jesús Hernández, quien representa una acción afirmativa de discapacidad, votó a favor de la propuesta, a diferencia de sus compañeros de bancada, Ana María Esquivel Arrona y Oscar Enrique González Espinosa, quienes se manifestaron en contra. Esquivel Arrona argumentó que el Gobierno del Estado ya estaba cumpliendo con las disposiciones judiciales relacionadas con los amparos y que se estaba trabajando en una propuesta de pensión contributiva en cooperación con el gobierno estatal.
Además, la diputada Esquivel Arrona destacó que el exhorto no tenía materia, ya que se estaba legislando en coordinación con las autoridades estatales para establecer una norma operativa eficaz que atienda a las personas con discapacidad.
Por otra parte, el voto en contra del PAN se enmarca en la consideración de que el proceso de atención a las pensiones es efectivo y está en cumplimiento con los requerimientos judiciales. Así, se archivó un dictamen que desestimaba otro exhorto contra la gobernadora, que buscaba que no se obstaculizara el derecho a la pensión.
Legisladores de Morena han expresado que el Gobierno del Estado ha postergado la entrega de pensiones no contributivas a 92 mil personas con discapacidad permanente, denunciando falta de voluntad por parte de la administración estatal. En una reciente rueda de prensa, mencionaron un documento emitido por la secretaria de Derechos Humanos, Liz Esparza Frausto, que critica la atención federal y propone cooperación con la Secretaría de Bienestar para una mejor atención de esta población.