El gobernador de Durango, Esteban Villegas, ha respondido a las acusaciones de posibles vínculos con el crimen organizado, transgrediendo lo que él califica como una campaña de desinformación. En un video de cinco minutos publicado en sus redes sociales, Villegas desafía a los medios de comunicación nacionales a visitar su estado, asegurando que la seguridad es una prioridad y que los ciudadanos pueden transitar sin temor.
Villegas hace hincapié en las estadísticas de seguridad de Durango, defendiendo su gestión ante rumores sobre investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Asegura que no ha recibido ningún aviso formal de investigación y señala que estas afirmaciones son parte de una narrativa mayor relacionada con el narcotráfico en la política mexicana.
La situación se agrava si se considera que, de confirmarse las investigaciones, Villegas podría ser incluido en la lista de narcopolíticos prioritarios del Gobierno de Estados Unidos. medios como Latinus, Código Magenta y La Silla Rota han informado sobre una evaluación del sistema financiero estadounidense que apunta a varios gobernadores en funciones, incluido el mandatario duranguense.
Por su parte, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada sobre las investigaciones que afectan tanto a Villegas como al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Sheinbaum indicó que no tiene información al respecto y que corresponde a la FGR proporcionar claridad sobre estos temas. En sus declaraciones, aseguró que las reuniones del Gabinete de Seguridad no han abordado asuntos relacionados con estos mandatarios.
Los recientes acontecimientos ponen de relieve la delicada intersección entre la política y el narcotráfico en México, enfatizando la necesidad de un enfoque más riguroso en la gestión de la seguridad pública y la transparencia en las administraciones locales. La respuesta de Villegas puede ser vista como un intento de desestigmatizar su figura política en un contexto donde las acusaciones pueden tener gravísimos efectos en la percepción pública y la estabilidad gubernamental.