La Comisión de Gobernación del Congreso de Guanajuato realizó una mesa de trabajo para discutir una iniciativa que busca reformar la Constitución federal en materia de pensiones y jubilaciones. La propuesta establece el concepto de Remuneración Anual Máxima para establecer límites claros a las remuneraciones, con el objetivo de proteger los derechos de jubilados y pensionados.
Esta iniciativa surge como respuesta a las manifestaciones de pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes han expresado su descontento por la reducción de sus pensiones. Durante la discusión, Juan Carlos Romero Hicks, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), destacó la necesidad de garantizar principios fundamentales como la certeza jurídica y la irretroactividad de la ley en el contexto de las reformas propuestas.
Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, apoyó la iniciativa señalando que la omisión del concepto de Remuneración Anual Máxima en la reforma del artículo 127 de la Constitución, publicada el 10 de abril, ha llevado a la inseguridad jurídica de los pensionados. Vázquez Bustos mencionó que la falta de límites podría resultar en ajustes salariales del titular del Poder Ejecutivo que afectarían directamente las pensiones.
Representantes de diversas entidades, como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y el Tribunal Estatal Electoral, coincidieron en la importancia de proporcionar seguridad jurídica a los jubilados. Durante la mesa de trabajo, se abordó también la posibilidad de normas constitucionales que puedan ir en contra de los derechos humanos y se destacó que el establecimiento de la Remuneración Anual Máxima se alinea con el marco legal vigente.
El pasado 14 de mayo, se presentó en el Congreso de Guanajuato un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión a revisar las disposiciones sobre los límites de jubilaciones y pensiones. Jorge Espadas Galván, coordinador de la bancada panista, calificó como injusta la reforma constitucional reciente, argumentando que vulnera derechos adquiridos por trabajadores con largos años de servicio.
Finalmente, se llamó a crear una iniciativa conjunta que garantice un trato equitativo a los trabajadores de Pemex y CFE en todo el país, haciendo un énfasis en la estabilidad económica de las familias afectadas por la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones. Se argumentó que cambiar las condiciones después de años de trabajo no es una actuación justa.