La atención en hospitales psiquiátricos públicos de la Ciudad de México ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. La alerta se produce tras denuncias sobre la escasez de alimentos para pacientes y trabajadores en instituciones como el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Juan N. Navarro y el Hospital Samuel Ramírez Moreno, todas dependientes del sistema federal de salud.
Organizaciones como Disability Rights International y el Movimiento de Personas con Discapacidad han informado que desde el 10 de junio se ha reportado esta situación a través de redes sociales y movilizaciones. Aseguran que la falta de alimentos afecta tanto a los pacientes internados como al personal que labora en estos centros especializados.
El secretario de Salud, David Kershenobich, ha atribuido el desabastecimiento a retrasos en los pagos a la empresa que gestiona el servicio de comedor. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de que el suministro haya sido restablecido de manera regular.
Las organizaciones han señalado la gravedad de la situación, calificando la falta de acceso a alimentos como inaceptable para esta población que depende del Estado para garantizar sus derechos fundamentales. Piden una solución inmediata para evitar mayores impactos en la atención de estos hospitales.
Además, proponen que, en lugar de aumentar la financiación a las instituciones, se apoye a organizaciones comunitarias para proporcionar alimentos a los internos. Esto, argumentan, ayudaría a mitigar los riesgos de privación y negligencia en los hospitales.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recomendado a México desmantelar el sistema de institucionalización de estas personas, instando a la implementación urgente de políticas hacia la desinstitucionalización.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ha informado que mantiene comunicación con el personal de los hospitales mencionados, tras manifestaciones que se llevaron a cabo en las inmediaciones de estas unidades médicas.
Se ha emitido un fallo sobre la Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de alimentos, lo que promete garantizar la continuidad en el suministro para pacientes y personal. La dependencia ha aclarado que, en ningún momento, se ha suspendido el servicio de alimentos ni se ha afectado la atención alimentaria de los pacientes.