La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, investigar y sancionar la tortura sexual, que se considera una manifestación grave de violencia y discriminación. Este pronunciamiento fue realizado por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, durante la inauguración del simposio titulado «La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación».
Piedra Ibarra enfatizó que la eliminación de esta problemática requiere consolidar los mecanismos institucionales destinados a la atención de víctimas, la investigación de los casos y la implementación de medidas que prevengan la repetición de estos actos. A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se realiza un monitoreo constante en centros de privación de la libertad, habiéndose emitido desde 2021 un total de 18 informes con propuestas de buenas prácticas enfocadas en la protección de las personas privadas de la libertad.
Durante el simposio, las autoridades de las comisiones estatales de derechos humanos concordaron en que la tortura sexual es una problemática persistente que demanda prevención activa, atención multidisciplinaria y un fortalecimiento institucional para evitar la impunidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche señaló que tres de cada diez mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia, y en lo que va del año se han iniciado 848 investigaciones relacionadas. Representantes de los estados de Hidalgo y Tlaxcala subrayaron la necesidad de centrar la dignidad humana en las políticas públicas, destacando la importancia de pasar de una respuesta reactiva a una estrategia proactiva.
El director general de la Segunda Visitaduría de la CNDH recordó que aunque la legislación mexicana no hace distinciones entre modalidades de tortura, el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una forma específica y de gravedad particular. El simposio se desarrolló en el Centro Nacional de Derechos Humanos «Rosario Ibarra de Piedra» y reunió a autoridades del sistema de derechos humanos de distintos niveles.