Guanajuato.- La negativa del Partido Acción Nacional (PAN) para exhortar a la gobernadora Libia García a proporcionar acceso efectivo a la pensión no contributiva para personas con discapacidad provocó un intenso debate en el Congreso de Guanajuato, donde incluso surgieron diferencias dentro de la bancada panista.
La diputada Ana Esquivel Arrona, del PAN, propuso modificar el exhorto para que este se dirigiera a la Secretaría de Derechos Humanos, solicitando un informe sobre el avance en la entrega de la pensión no contributiva. También pidió dar a conocer las acciones en coordinación con la Secretaría de Bienestar para fomentar la inclusión y participación de las personas con discapacidad.
El diputado Jesús Hernández Hernández, del mismo partido, anunció su voto a favor de la pensión, contraviniendo a su bancada. Afirmó que su decisión responde a su compromiso con las personas con discapacidad, indicando que este tema trasciende colores partidistas.
Hernández subrayó la responsabilidad moral que tienen los legisladores hacia los ciudadanos que los eligieron y reiteró que los derechos de las personas con discapacidad deben ser defendidos activamente. Enfatizó que su voto representaría a las 935 mil personas con discapacidad en Guanajuato, demandando acciones concretas de los demás legisladores.
La propuesta original de Morena pedía una respuesta a los derechos de petición presentados por ciudadanos solicitando la pensión no contributiva. También incluía la exigencia de adecuaciones presupuestarias para asegurar la entrega de esta pensión a personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Aún así, el PAN logró modificar el exhorto, dirigiéndolo a la Secretaría de Derechos Humanos. El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, argumentó que la pensión es necesaria para aliviar la situación de las personas con discapacidad, mientras que Ana Esquivel Arrona defendió la decisión de su bancada, asegurando que se están atendiendo las solicitudes mediante la Secretaría de Derechos Humanos.
Legisladores de Morena criticaron la falta de compromiso del Gobierno del Estado para otorgar la pensión a las 92 mil personas con discapacidad permanente, señalando que el gobierno ha evadido su responsabilidad. Exigieron acciones concretas y denunciaron que el Gobierno del Estado ha litigado contra personas que buscan el otorgamiento de su pensión.
De acuerdo con las cifras presentadas, son 53 mil beneficiarios de la pensión en Guanajuato, pero la falta de asignación presupuestaria y la ausencia de acciones efectivas han dejado a muchas personas sin apoyo. Se estima que se requieren aproximadamente mil 800 millones de pesos anuales para cubrir esta obligación, cifra significativamente menor a la que se destina para otros programas gubernamentales.
El Gobierno del Estado ha mencionado que se trabaja en un modelo de atención, mientras que los legisladores continúan demandando definiciones concretas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la entidad.