La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de agosto su administración llevará a cabo una consulta exhaustiva en las escuelas del país para evaluar las necesidades del sector educativo. Este anuncio se produce tras la retirada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la plaza central de Ciudad de México.
Durante una gira en Tijuana, Baja California, Sheinbaum se refirió a la retirada de la CNTE, indicando que las secretarías de Gobernación y Educación Pública proporcionarán detalles sobre la negociación con el magisterio. La consulta se enfocará en determinar el futuro de la educación y los requerimientos esenciales del profesorado en México.
Esta medida se enmarca en el contexto de las recientes protestas de la CNTE, quienes levantaron la concentración que mantuvieron por 19 días en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, como parte de sus demandas contra políticas educativas y laborales federales. Durante estas movilizaciones, se llevaron a cabo bloqueos y manifestaciones en diversos puntos de la capital, provocando alteraciones en la infraestructura pública.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, desmintió las afirmaciones de que se ofrecieron recursos, incluidos 800 millones de pesos destinados a México, a la CNTE a cambio de su levantamiento de protesta. Aclaró que estos fondos son parte de los recursos ordinarios que se utilizan para abordar el rezago educativo en diversas entidades, incluyendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Delgado explicó que estos recursos buscan cubrir la falta de maestros, crear nuevas plazas y aumentar las horas de clases donde se necesita atención adicional para los estudiantes. Además, señaló que el diagnóstico de necesidades educativas se realizará en coordinación con las delegaciones del sindicato en cada estado.
Este ejercicio de consulta busca respuesta a las demandas del magisterio, aunque aún se deben definir aspectos como el calendario, metodología y financiación del mismo. Recientemente, la CNTE informó de avances en acuerdos relacionados con aguinaldos, prestaciones, becas y la recontratación de docentes desplazados, aunque no logró la abrogación de reformas a pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni la eliminación de reformas educativas previas que consideran perjudiciales.