Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República revela que en las últimas dos décadas, el número de Mujeres Privadas de la Libertad (MPL) en México ha aumentado en un 48 por ciento, en contraste con un incremento del 11.6 por ciento en la población masculina encarcelada. Esta situación plantea un desafío significativo en el contexto del sistema penitenciario mexicano.
El estudio, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identifica factores como la limitada disponibilidad de oportunidades económicas y educativas, así como condiciones de pobreza, que sitúan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incrementando su riesgo de involucrarse en actividades delictivas. Asimismo, se señala que muchas MPL son forzadas a participar en actividades criminales debido a amenazas dirigidas a ellas o a sus familias.
El uso problemático de sustancias también se menciona como un factor que impulsa a muchas MPL a cometer delitos relacionados con drogas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos más comunes entre las MPL son la posesión ilegal de drogas, el robo a negocio y el comercio ilegal de drogas. De las MPL a nivel nacional, el 49.6 por ciento se encontraba sentenciada en 2025, mientras que el 50.4 por ciento aguardaba sentencia, contrastando con el 61 por ciento de los hombres que ya contaban con una sentencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que muchas MPL ingresan a centros penitenciarios como coacusadas de delitos cometidos en conjunto con sus parejas, enfrentando penas severas. En promedio, el 68.9 por ciento de estas mujeres reportan tener hijos menores de edad, con variaciones significativas entre entidades.
Globalmente, el número de mujeres en prisión ha crecido un 57 por ciento desde el año 2000, mientras que la población masculina ha aumentado en un 22 por ciento. En México, el aumento de MPL ha sido notable, pasando de más de 10 mil en 2005 a poco más de 15 mil en 2025, según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS).