El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia que condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión por irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Junto a él, su exasesor, Koldo García, ha recibido una pena de 19 años, mientras que el empresario Víctor de Aldama ha sido sentenciado a cuatro años y medio de prisión. Esta decisión se produce tras un juicio que se celebró a lo largo de 14 jornadas en los meses de abril y mayo.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó previamente penas de 24 años para Ábalos y cerca de 20 años para García, y propuso 7 años para Aldama. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, solicitaron incluso 30 años de prisión para ambos ex funcionarios y cinco años para el empresario. Durante el juicio, Ábalos y García se declararon inocentes, mientras que Aldama admitió su participación en actos de cohecho pasivo y organización criminal.
En medio de este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre si esta condena debería llevarle a convocar elecciones generales. Ayuso ha enfatizado la gravedad de la situación, dado que el exministro en cuestión fue el segundo al mando del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y manejó uno de los presupuestos más significativos del gobierno.
La condena y el contexto político que la rodea han generado un debate acerca de la implicación de este caso en las relaciones internas del PSOE y su posible efecto en la estabilidad del gobierno español.