Un grupo de jubilados y pensionados de varios estados del país se congregó en Irapuato, Guanajuato, para expresar su desacuerdo con las modificaciones al artículo 127 de la Constitución, las cuales, según ellos, han causado reducciones significativas en sus pensiones. Esta asamblea regional reunió a representantes de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas e Hidalgo, además de trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los asistentes acordaron fortalecer su organización y continuar con acciones legales, así como movilizaciones sociales. Gabriel Pacheco Hernández, integrante de la Alianza Nacional de Jubilados, detalló que surgieron preocupaciones después de que las modificaciones al artículo en cuestión entraran en vigor el 11 de abril, ya que consideran que estas afectan prestaciones previamente garantizadas por contratos y acuerdos laborales.
Pacheco argumentó que la pensión es un derecho adquirido tras años de trabajo, no un beneficio que se busca. La reforma, según explicaron, establece que las pensiones de jubilados no pueden exceder el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo, lo que ha llevado a disminuciones en algunos casos de hasta un 70%.
Los jubilados han empezado a promover amparos y otros recursos legales, aunque reportan que los resultados no han sido favorable. Además, destacan la importancia de visibilizar el problema, argumentando que afecta principios de seguridad jurídica y podría tener repercusiones más amplias en los derechos de otros ciudadanos.
Durante la asamblea, se discutieron futuras movilizaciones y se enfatizó que buscan mantener protestas pacíficas, así como reuniones con autoridades estatales y federales para abordar sus inquietudes. Se estima que alrededor de 90,000 jubilados y pensionados a nivel nacional podrían verse afectados por estas reformas.
En paralelo, la Comisión de Gobernación del Congreso de Guanajuato ha discutido una iniciativa para reformar la Constitución federal, con el fin de proporcionar certeza jurídica en materia de pensiones y jubilaciones. La propuesta incluye un concepto de Remuneración Anual Máxima que busca establecer limites claros para las remuneraciones, evitando así posibles interpretaciones que dañen derechos previamente adquiridos.
Los participantes en estas discusiones han coincidido en la necesidad de garantizar principios fundamentales, como la certeza jurídica y la protección de los derechos laborales adquiridos. La información refleja un contexto de creciente preocupación y movilización por parte de jubilados y pensionados ante la inminente aplicación de cambios en su legislaicón laboral.