Guanajuato.- La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados en Guanajuato, Katya Morales Prado, afirmó que la desobediencia civil no es la solución ante la controversia por el registro de líneas celulares. Este es el tercer intento del gobierno federal para implementar dicha medida, que ha registrado una baja participación de la ciudadanía, lo que ha llevado a la federación a extender el plazo para el registro.
Morales Prado señaló que el primer intento fue el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) en 2009, el cual buscaba combatir la extorsión y el secuestro, obligando a los usuarios a vincular su línea con su nombre y CURP. Posteriormente, en 2021, se introdujo el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que recopilaba datos biométricos, pero fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en abril de 2022.
El actual intento se enmarca en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Telecom), que crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y modifica el marco para la vinculación de líneas móviles con la CURP, nombre completo e identificación oficial. Aunque se eliminaron los requerimientos de datos biométricos, persisten preocupaciones sobre el acceso del gobierno a los datos sin control judicial previo.
Morales Prado recordó que el artículo 21 de la Constitución Mexicana garantiza a los ciudadanos su derecho a protección por parte del gobierno frente a la delincuencia y la extorsión. Sin embargo, reconoció que el uso de celulares en actividades delictivas es una realidad. En México, la mayoría de las líneas son de prepago, lo que dificulta la identificación de sus usuarios.
El Gobierno Federal ha ampliado el plazo para el registro de líneas telefónicas hasta el 30 de junio, permitiendo a los usuarios realizar el trámite entre agosto y diciembre de este año, con fechas específicas basadas en el último dígito de su número telefónico. Hasta el 19 de junio, solo el 42% de las líneas habían sido registradas, dejando aproximadamente 82 millones de líneas sin registrar.
En Celaya, la respuesta de la población ha sido de escepticismo. Ciudadanos como Jael Calderón y Juan Castillo han expresado su desconfianza hacia el manejo de los datos personales, subrayando la falta de seguridad ante posibles filtraciones. La comerciante María Elena Torres también cuestionó la efectividad de la medida, sugiriendo que la exposición de datos biométricos representa un riesgo innecesario.