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Guanajuato: Detalles del abogado condenado a más de mil años de prisión

Guanajuato: Detalles del abogado condenado a más de mil años de prisión

Un tribunal de Guanajuato ha condenado al abogado Edgar Francisco Franco Ríos a 1,018 años y cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable de fraude en perjuicio de 107 personas que intentaron adquirir viviendas a bajo costo. La sentencia, que establece una reparación económica de más de 33 millones de pesos, es considerada la más severa dictada en el estado.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado revelaron que el condenado operaba desde su despacho jurídico, Punto Legal, en León, ofreciendo propiedades a precios significativamente reducidos. Las ofertas se difundían a través de redes sociales y plataformas de compraventa, presentando las viviendas como remates o inmuebles procedentes de procesos judiciales.

Franco Ríos utilizó documentación aparentemente avalada por notarios para ganar la confianza de sus clientes. Sin embargo, las pesquisas confirmaron que los inmuebles no eran propiedad del abogado ni estaban sujetos a litigios, lo que desencadenó la acumulación de denuncias de los afectados.

El proceso judicial concluyó en junio de 2026 con dos sentencias que sumaron las condenas. Aunque la legislación de Guanajuato dispone que una persona no puede estar privada de la libertad por más de 80 años, la acumulación de penas refleja la gravedad de los delitos cometidos.

El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, subrayó que esta resolución establece un precedente en la protección de los derechos de las víctimas de fraude. Además, el tribunal ordenó la restitución del dinero obtenido ilícitamente, que incluye compensaciones por daño material, moral y perjuicios ocasionados.

El caso resalta la importancia de verificar la situación jurídica de las propiedades y la autenticidad de la documentación antes de realizar transacciones inmobiliarias. Las autoridades aconsejan a los ciudadanos acudir a instancias oficiales para evitar ser víctimas de fraudes similares. La sentencia representa un avance en la lucha contra delitos patrimoniales en Guanajuato.