La captura de Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pone de manifiesto el avance en la investigación del caso Agronitrogenados, relacionado con denuncias de corrupción en el manejo de recursos del erario público. Este caso involucra a su hermano, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y ha resurgido en la atención pública tras un prolongado proceso judicial.
Los presuntos actos de corrupción se originaron entre junio y noviembre de 2012, cuando Gilda Lozoya habría recibido transferencias significativas de la empresa Altos Hornos de México, ligada a Alonso Ancira Elizondo, a través de una firma suiza. En diciembre de 2013, bajo la dirección de Emilio Lozoya, Pemex adquirió una planta petroquímica a un costo desproporcionado, muy por encima de su valor real.
El caso fue destapado en agosto de 2018, tras la publicación de un reportaje que reveló las irregularidades en la compra. En marzo y mayo de 2019, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron denuncias a la Fiscalía General de la República (FGR), conducida entonces por Alejandro Gertz Manero, lo que culminó en órdenes de aprehensión el 25 de mayo de ese año.
Tanto Alonso Ancira como Emilio Lozoya evadieron la justicia y se refugiaron en Europa. Ancira fue detenido en Mallorca en mayo de 2019 y Lozoya en Málaga en febrero de 2020. Las autoridades españolas facilitaron sus extradiciones a México en 2020.
Emilio Lozoya llegó a México en julio de 2020, enfrentando un proceso judicial con medidas cautelares. Ancira fue extraditado en febrero de 2021, y su prisión preventiva fue decretada de inmediato. En abril de 2021, Ancira consiguió un acuerdo reparatorio por más de 200 millones de dólares, cambiando las condiciones de su proceso. Aunque Lozoya fue encarcelado en noviembre de 2021, en enero de 2022, un tribunal decidió revocar su prisión preventiva.
El desarrollo más reciente tuvo lugar el jueves pasado, cuando la FGR, actualmente bajo la dirección de Ernestina Godoy, ejecutó una orden de aprehensión contra Gilda Lozoya. Esta acción responde a acusaciones de lavado de dinero y a su supuesta función como prestanombres en la red de corrupción familiar.