México se posiciona como el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor crecimiento de salarios reales desde inicios de 2021 hasta el primer trimestre de 2026. Este incremento es atribuido principalmente a los aumentos consecutivos en el salario mínimo.
El informe anual «Perspectivas del Empleo», publicado recientemente por la OCDE, revela que en el primer trimestre de 2026 los salarios reales en México eran un 15.1 % más altos en comparación con los cinco años anteriores. Este crecimiento se sitúa por detrás únicamente de Turquía, Hungría y Polonia y supera tanto la media de la OCDE, que es del 4.9 %, como su mediana, que se encuentra en 1.2 %.
Entre los factores que contribuyen a esta tendencia se destaca un aumento del 3.9 % en el último año. Este avance es significativo, dado que el crecimiento promedio en la OCDE fue de 1.7 % durante el mismo periodo. Desde enero de 2021, el salario mínimo real ha aumentado un 68 %, lo que ha llevado a que en 2024 este represente un 73.7 % del salario mediano.
Asimismo, México muestra un crecimiento estable en la productividad laboral, con un aumento promedio del 1.45 % anual entre 2019 y 2023 y del 1.96 % proyectado para el período 2023-2024. Este crecimiento se ha producido en un contexto de reducción en el promedio de horas trabajadas, que disminuyeron un 0.21 % anual entre 2019 y 2023, y un 0.52 % proyectado entre 2023 y 2025.
A pesar de estos avances, el número de horas trabajadas en México es elevado en comparación con otros países de la OCDE. La tasa de desempleo en el país se mantuvo en 2.7 % en mayo de 2026, la segunda más baja de la OCDE, por detrás de Japón. Sin embargo, el empleo informal sigue representando más de la mitad del total.
El estudio de la OCDE también destaca que la normativa de protección laboral en México es relativamente estricta, especialmente en lo que respecta a contratos temporales, convirtiendo al país en el tercero con más restricciones en esta área dentro de la OCDE. A pesar de que las cláusulas de no competencia son consideradas inconstitucionales, su uso sigue siendo común, afectando entre el 23 % y el 39 % de los trabajadores del sector privado en comparación con un promedio del 20-30 % en la OCDE.