En un contexto político marcado por tensiones entre diferentes partidos, la reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha puesto de relieve desigualdades en el tratamiento judicial de exmandatarios. Jorge Romero, representante del Partido Acción Nacional (PAN), ha expresado su confianza en que Ruffo aclarará los señalamientos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR) y ha manifestado preocupación sobre la disparidad en las actuaciones de las autoridades judiciales frente a otros gobernadores de Morena.
Romero enfatizó que es crucial que el proceso judicial respete de forma estricta el debido proceso y la presunción de inocencia, principios consagrados en la Constitución. En su declaración, también subrayó que ninguna persona debe estar por encima de la ley, resaltando la importancia del consenso partidista en la justicia.
La postura del PAN se complementa con un llamado a que el sistema judicial actúe de manera equitativa, frente a los casos de otros gobernadores morenistas como Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya, cuyas investigaciones han sido objeto de críticas por la falta de acción por parte de la FGR. La organización política reiteró que la aplicación de la ley no debería depender de afiliaciones partidarias.
Por otro lado, el partido recientemente formado Somos MX ha ofrecido su respaldo a Ruffo, tildándolo de «preso político» y acusando a las autoridades de actuar de manera abusiva. En un comunicado, exigieron su liberación y sugirieron que la detención es un intento de desviar la atención de críticas hacia Marina del Pilar Ávila, quien enfrenta acusaciones de corrupción en negociaciones con autoridades de Estados Unidos.
En resumen, esta controversia revela la complejidad y los dilemas éticos en el ámbito de la política nacional, donde la política exterior y el manejo de la justicia se entrelazan. La continuidad de la discusión dependerá del seguimiento que le den las instancias correspondientes a estos casos y de la reacción de otros partidos políticos frente a posibles desigualdades en el tratamiento judicial de sus miembros.