Ismael “El Mayo” Zambada, narcotraficante mexicano y cofundador del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, tras ser declarado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo. Esta sentencia marca un hito en la prolongada lucha del gobierno estadounidense por enjuiciar a Zambada, quien había logrado eludir la captura por muchos años. Su arresto se produjo en 2024, bajo circunstancias que incluyeron un presunto secuestro en México.
Zambada, de 76 años, ha sido vinculado a torturas y planeación de asesinatos, consolidando al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes del mundo, inundando el mercado estadounidense con grandes cantidades de narcóticos. Según las declaraciones fiscales, Zambada era considerado el principal estratega y negociador del cártel, desempeñando un papel más activo en las operaciones diarias que Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua desde 2019.
El narcotraficante se declaró culpable en agosto de 2025, evitando la pena de muerte, y manifestó su pesar por los efectos de sus acciones en la sociedad. Ha solicitado cumplir su condena en un hospital penitenciario alegando problemas de salud que requieren atención médica constante. Los fiscales han presentado preocupaciones sobre los riesgos de seguridad que representa Zambada, enfatizando que el lugar de su encarcelamiento debe considerar dichas inquietudes.
Zambada enfrenta también multas financieras que ascienden a 15 mil millones de dólares, reflejo de las ganancias generadas por el cártel bajo su liderazgo. Reconoció su implicación en una empresa criminal y admitió haber estado involucrado en el tráfico de al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos desde 1980. Además, el cártel a su mando ha realizado pagos sustanciales a funcionarios en México para facilitar sus operaciones.
Las autoridades han señalado que Zambada estaría involucrado en el asesinato de su sobrino, Eliseo Imperial Castro, y ha instigado actos de violencia en represalia, reflejando su influencia y el impacto de sus actividades delictivas. La solicitud de su abogado de que Zambada sea enviado a un hospital penitenciario se presenta en contraste con el proceso judicial de Guzmán y su propia aceptación de culpabilidad.
Las autoridades competentes ahora determinarán el lugar de cumplimiento de la condena de Zambada, aunque la Oficina Federal de Prisiones tendrá la decisión final en este asunto.