Las autoridades de México han detenido y vinculado a proceso a Ernesto Ruffo por presuntos delitos de huachicol fiscal y delincuencia organizada. Ante estos sucesos, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso ha solicitado a las autoridades de seguridad y electoral iniciar una investigación acerca de supuestos recursos ilícitos vinculados al financiamiento del Partido Acción Nacional (PAN) y la nueva agrupación Somos México.
Morena ha dirigido un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se examine el origen de los recursos aportados al PAN, así como a la organización Marea Rosa, asociada al exgobernador de Baja California. En un punto de acuerdo presentado en la Gaceta de la Comisión Permanente, se destaca que la Ley General de Partidos Políticos faculta al INE a requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informes sobre operaciones financieras de partidos ante la sospecha de origen ilícito.
Legisladores de Morena han apuntado que el desmantelamiento de una red de contrabando de hidrocarburos relacionada con la empresa Ingemar, cuya propiedad pertenece a Ruffo, pone de manifiesto cómo la delincuencia organizada puede infiltrarse en el ámbito político a través de estructuras corporativas y complicidades institucionales.
Este caso del huachicol fiscal, que supuestamente ha causado un daño al erario por 4 mil millones de dólares, ha llevado a los legisladores a abogar por una revisión exhaustiva de los sistemas de fiscalización y control financiero que deben regir el surgimiento de nuevas fuerzas políticas.
En su comunicado, se establece que la filtración de recursos de origen delictivo en la financiación de partidos representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y el sistema democrático. Se afirma que la colaboración entre la FGR y el INE es fundamental para asegurar que los fondos ilícitos no sean utilizados en procesos electorales.
Adicionalmente, el INE ha negado el registro a varias organizaciones por falta de claridad en sus fuentes de financiamiento. La fiscalización debe ser estricta, particularmente en el contexto de los delitos que se investigan respecto a Ernesto Ruffo, para asegurar la integridad de todos los partidos políticos, incluidos aquellos que ya han sido registrados.
La FGR ha construido un sólido caso en torno a estas investigaciones, mediante diversos medios de prueba que evidencian la posible implicación de Ruffo y otros en actividades de delincuencia organizada y contrabando. Se ha indicado que la red criminal ha generado significativas ganancias a través de métodos ilícitos, utilizando mecanismos financieros para ocultar la procedencia de los recursos.
Las indagatorias han revelado que la empresa Ingemar mostró un comportamiento financiero anómalo, con movimientos de más de 3 mil millones de pesos en cuentas nacionales, lo que sugiere la existencia de un esquema de triangulación de recursos. Las investigaciones son parte de una estrategia de colaboración interinstitucional desarrollada a lo largo de varios meses.