El gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, avanza hacia la aprobación de reformas que limitarán la participación de partidos opositores en futuros procesos electorales. La Asamblea Nacional y el poder electoral, ambos bajo control del oficialismo, están formalizando leyes que, según la copresidenta Rosario Murillo, buscan prevenir la interferencia de intereses extranjeros en las elecciones, específicamente apuntando a la influencia de Estados Unidos. Las reformas serán sometidas a votación en la primera semana de agosto y han sido justificadas por el liderazgo sandinista como necesarias para garantizar la soberanía nacional y la integridad de los comicios.
Ortega, en el poder desde 2007 y con una carrera política que se remonta a la década de 1980, ha calificado a sus adversarios de «traidores» al país y ha enfatizado que no habrá elecciones donde participen aquellos que considera vinculados con el imperialismo. Este enfoque ha suscitado condenas internacionales, incluidos avisos de medidas adicionales por parte de Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, que ya ha impuesto sanciones sobre funcionarios del gobierno nicaragüense.
La comunidad internacional, incluidos organismos de derechos humanos, ha señalado la erosión del Estado de derecho en Nicaragua bajo el régimen de Ortega-Murillo. A pesar de la insistencia del gobierno de que habrá elecciones, los mecanismos legales que se están implementando parecen diseñados para garantizar que el Frente Sandinista de Liberación (FSLN) mantenga una posición dominante, con la posibilidad de transformar a Nicaragua en un estado de partido único, similar al modelo de China o Cuba.
El contexto de esta reforma se agrava por la crisis humanitaria resultante de la represión política que ha obligado a casi un millón de nicaragüenses a buscar asilo en el extranjero, mientras que cientos de opositores han sido encarcelados o despojados de su nacionalidad. En este escenario, los opositores sostienen que las reformas buscan consolidar un régimen autoritario y limitar el espacio para cualquier forma de disidencia.