La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a padres y escuelas privadas que la falta de pago de colegiaturas no justifica exhibir a los alumnos. Esta práctica contraviene los derechos de los consumidores y afecta la dignidad de los estudiantes en el entorno educativo.
Desde la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, las instituciones educativas deben garantizar un trato equitativo sin condicionar su servicio a adeudos económicos. Esto implica que no se pueden divulgar listas de morosos ni retener documentos que obstaculicen el desarrollo académico.
El acuerdo establece que solo en caso de la falta de pago de tres o más colegiaturas, las instituciones podrían suspender el servicio, siempre que se respeten las disposiciones legales y se asegure la permanencia del estudiante en el Sistema Educativo Nacional.
Cualquier práctica que implique exhibir a estudiantes por falta de pago se considera una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor y puede ser sancionada, incluyendo aquellos casos donde los estudiantes no participen en actividades organizadas por la institución.
Profeco también precisó que las escuelas deben acreditar por escrito su incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que asegura la validez oficial de sus estudios, y subrayó que aunque pueden ofrecer servicios complementarios, estos no deben reemplazar los contenidos obligatorios.
En cuanto a la transparencia de costos, las escuelas están obligadas a informar a los padres y tutores sobre los montos de inscripción, colegiaturas y cargos adicionales, que deben estar expresados en moneda nacional y no pueden ser modificados durante el ciclo escolar sin aprobación mayoritaria.
Asimismo, las instituciones no pueden obligar a adquirir libros, uniformes o útiles escolares con proveedores específicos. Los padres tienen el derecho de escoger dónde adquirir estos materiales, siempre que cumplan con requisitos de calidad.
Profeco aconsejó a los padres comparar las opciones educativas antes de inscribirse y solicitar toda la información por escrito, para así ejercer sus derechos como consumidores y asegurar una educación que respete la ley.